La Comisión de Fiscalización y Contraloría, aprobó la reconsideración de la votación de la moción de orden del día, que solicita al Pleno del Congreso facultades investigadoras para indagar los presuntos actos ilícitos de enriquecimiento indebido y omisión en la presentación de declaraciones juradas imputados a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
La propuesta planteada por la congresista Noelia Herrera Medina (RP), fue aprobada por mayoría obteniendo 10 votos a favor y 8 en contra.
“En vista de que la reconsideración ha sido aprobada, la moción de orden del día se debatirá en una próxima sesión, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso”, expresó el titular de la comisión, Segundo Montalvo Cubas (PL).
CASO ROLEX
Previamente, el grupo de trabajo recibió a Héctor Banchero Herrera, gerente general de la Casa Banchero S.A, quien se abstuvo de responder las preguntas de los integrantes de comisión, respecto del caso Rolex, argumentando que por mandato legal, “está prohibido revelar de manera abierta los detalles sobre las transacciones comerciales que realiza”.
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“Mi empresa es del rubro comercial y está ceñida a mantener la confidencialidad de los procesos y las ventas. Somos respetuosos de la información, por ello hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Sunat, a la Fiscalía y a la Contraloría. No podemos divulgar información sensible por un tema de seguridad de nuestros clientes”, aseveró el empresario, quien estuvo acompañado por su abogado Natale Amprimo.
No obstante, Banchero negó conocer al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
“Nunca lo he visto, no puedo responder sobre la compra de los clientes, porque la información ha sido enviada a las instancias que corresponden para que se hagan las investigaciones que corresponden”, dijo.
PROYECTOS
La Comisión de Fiscalización y Contraloría también escuchó la sustentación de tres proyectos de ley.
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La legisladora, María Elizabeth Taipe Coronado (PL), sustentó el Proyecto de Ley 6901/2023-CR que propone la “Ley que crea el portal de denuncias para canalizar hechos de corrupción cometidos en los procesos de contratación de obra pública”, de su autoría.
Dijo que la iniciativa legislativa, busca promover una cultura de anticorrupción e integridad en las entidades de la administración pública; así como, la generación de un espacio para que la ciudadanía pueda denunciar y contribuir en la lucha contra la corrupción.
De igual forma, el parlamentario Víctor Flores Ruiz (FP), sustentó el Proyecto de Ley 6151/2023, de su autoría, por el que se propone la “Ley que modifica el artículo 11° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado”.
La iniciativa establece la prohibición para contratar con el Estado a las personas jurídicas y a sus integrantes que se encuentren sancionados administrativamente, a través de otra empresa, cualquiera sea el objeto social.
Finalmente, disertó la parlamentaria Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País), el Proyecto de Ley 4237/2022, por el que se propone la “Ley que modifica los artículos 7°, 27°, 32°, 34°, 36°, 48° y la décimo octava disposición complementaria final del texto único ordenado de la Ley 30225”.
Héctor Banchero dice que “no puede divulgar información sensible sobre sus clientes”
La legisladora explicó que su propuesta tiene como propósito garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de las contrataciones públicas relacionadas con las compras corporativas y la subasta inversa electrónica.
De otro lado, Katherine Ampuero Meza, abogada y exprocuradora pública, también acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre la situación legal de la presidenta de la república, Dina Boluarte y del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, en el caso Rolex.
En otro momento, también se presentó ante la comisión, Gerardo López Gonzáles, superintendente nacional de Administración Tributaria, quien informó sobre las acciones efectivas que tomó la SUNAT, para combatir la alta evasión del impuesto a la renta focalizada en las empresas extractivas con copia de los informes pertinentes, entre otros temas.
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