BRASILIA.- La presidenta Dilma Rousseff repudió hoy el “uso abusivo” de las filtraciones de casos de corrupción “como arma política”, tras conocerse una supuesta declaración de un delator que la implica en el escándalo de Petrobras.
En un comunicado oficial, la mandataria brasileña sostuvo que las filtraciones, como la realizada hoy por la revista Istoé, “no contribuyen para la estabilidad del país”.
“Las filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales deben ser repudiadas y su origen tiene que ser rigurosamente investigado, ya que dañan la ley, la justicia y la verdad”, afirmó Rousseff.
La jefa de Estado también defendió que el Poder Judicial autorice la divulgación completa de la supuesta declaración si esta ocurrió y si decide aceptarla como una prueba en el proceso del caso Petrobras.
El Gobierno negó la veracidad de las informaciones y el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, las calificó como “inverosímiles”.
El senador Aécio Neves, uno de los más reconocidos dirigentes de la oposición brasileña, le sugirió hoy a Rousseff que renuncie por el contenido de la supuesta declaración.
“¿Será que no es el momento para que la presidenta, en un gesto de grandeza, pensando no en su partido sino en el país, renuncie a su mandato?”, preguntó Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) desde la tribuna del Senado.
El reportaje publicado hoy por la revista Istoé afirma que el exjefe del oficialismo en el Senado Delcidio Amaral, detenido por el escándalo en Petrobras, aseguró que Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva “sabían” de la corrupción en la estatal y maniobraron para obstaculizar a la justicia.
Pese a que Istoé publicó incluso copias de algunos documentos con la supuesta declaración de Amaral, de la cual dice que fue prestada en el marco de un proceso de cooperación judicial, el exjefe del oficialismo en el Senado no confirmó el tenor de las acusaciones.
“En principio, ni el senador Delcidio ni su defensa confirman el contenido del reportaje”, dice una nota divulgada hoy por el propio Amaral y por su abogado, Antonio Augusto Figueiredo.
Amaral se encuentra en régimen de prisión domiciliaria acusado de “obstrucción a la justicia” por supuestamente haber intentado sobornar a un implicado en la corrupción petrolera a cambio de que se negara a colaborar con la justicia.
La revista también dice que Amaral reveló que Rousseff intervino directamente en el nombramiento de miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer “la liberación” de algunos empresarios detenidos por el caso Petrobras.
Sobre Lula, Istoé afirma que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le “pidió expresamente” que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborara con la justicia.
Según las leyes brasileñas que regulan las llamadas “delaciones premiadas”, que pueden representar una reducción de pena, esas declaraciones deben ser homologadas por el Tribunal Supremo antes de tener valor legal y garantizar esos beneficios.
En el caso de la declaración atribuida a Amaral por Istoé, aún no ha sido homologada y ello obliga al delator a mantener silencio sobre su contenido e incluso le impide confirmar que ha llegado a un acuerdo de cooperación.