Senador Nilson Flores: la ruta que conecta su pasado minero con apoyo al fujimorismo

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La decisión de Nilson Flores, senador por Arequipa, de votar a favor de otorgar facultades legislativas a Keiko Fujimori no fue un gesto aislado ni una sorpresa para quienes siguen su trayectoria. El legislador del Partido del Buen Gobierno respaldó la iniciativa que permitirá al Ejecutivo legislar durante 90 días, pese a que el líder de su agrupación, Jorge Nieto, había expresado reparos sobre la amplitud de esas atribuciones.

El corazón fujimorista de Nilson Flores

Para entender por qué Nilson Flores se apartó de la posición expresada por su líder partidario, conviene retroceder a abril de 2016. En ese entonces, el abogado arequipeño buscaba un escaño en el Congreso por Fuerza Popular y concedió una entrevista al portal El Búho en la que explicó su relación con el fujimorismo y sus vínculos con la pequeña minería.

 

 

En aquella conversación, sostuvo que su participación política no respondía a una iniciativa personal, sino a un acuerdo nacional de su gremio, que designaba a sus representantes. Flores se presentaba como asesor y consultor dedicado a la formalización y rechazaba las acusaciones de promover la minería ilegal. Según explicó, su vínculo con Fuerza Popular se concretó porque esa agrupación incorporó las demandas sociales de los gremios mineros en su plan de gobierno. Afirmó, además, que era el único partido que las recogía.

Hoy, esos antecedentes vuelven a cobrar relevancia. La trayectoria del senador por Arequipa muestra que su base electoral y gremial está vinculada a la minería artesanal. Fue asesor de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa (Femar), que agrupa a trabajadores de Secocha, en Camaná, y de Chala, en Caravelí. También asesoró a los mineros de Río Grande, en Condesuyos, una zona donde, en 2022, los enfrentamientos entre grupos de mineros informales dejaron tres muertos tras un ataque con explosivos.

 

 

¿Favores con favores?

Ese vínculo con la minería informal es el telón de fondo del debate sobre la nueva Ley MAPE que impulsa la gestión de Keiko Fujimori. El proyecto, presentado al Congreso el 19 de octubre de 2026, busca reemplazar el Reinfo, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de ese año. La propuesta contempla un régimen transitorio para que quienes continúen inscritos completen su formalización.

El régimen se extendería hasta junio de 2028. Además, el proyecto incorpora mecanismos de control, como una entidad especializada —Formape—, la trazabilidad del mineral y certificaciones ambientales, aunque mantiene una vía para los operadores que aún no han culminado su formalización. Especialistas como Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, han cuestionado el plazo gradual para reducir el uso del mercurio, pese a que su uso está prohibido desde años atrás.

 

 

Lo cierto es que el senador por Arequipa proviene de un sector que ahora sigue con atención las facultades que el Congreso ha otorgado al Gobierno. Su respaldo a la medida, en contra de la directriz de su partido, sugiere que su afinidad con el fujimorismo y las demandas de los mineros informales sigue pesando más que la disciplina partidaria.

Su entrevista de 2016, en la que se definía como representante de gremios y no como político de carrera, ayuda a comprender por qué, una década después, su voto en el Senado vuelve a situarlo en el centro de una decisión que afecta directamente a su región.

 

Texto: WSV / Red de Medios Regionales del Perú
Foto: Composición
Video: Canal YouTube El Búho

 

 

 

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