Sunedu, Minedu, INPE y Justicia quieren llevar la educación superior a cárceles

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El Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria se reunieron con funcionarios del INPE y del Ministerio de Justicia, para desarrollar mesas de trabajo con el propósito de normar lo establecido en la Ley N° 31840.

Las reuniones en las instalaciones de la Sunedu contaron con la participación de representantes del Despacho de Superintendencia, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Licenciamiento, quienes brindaron alcances técnicos y normativos sobre los componentes a considerar para la exoneración de los requisitos de presencialidad establecidos en el artículo 47 de la Ley Universitaria, tal cual promueve la Ley N° 31840; así como del nuevo panorama respecto de la creación de programas académicos por parte de las universidades, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley N° 31520 y del Acuerdo N° 001-026-2023 del Consejo Directivo de la Sunedu.

Por otro lado, especialistas de la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DICOPRO), de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DIPODA) y de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), unidades orgánicas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, hicieron énfasis en que la implementación de esta Ley debe considerar las estadísticas actuales sobre empleabilidad, tanto en carreras universitarias y técnicas, con el fin de que los internos de los establecimientos penitenciarios que cursen estudios superiores puedan insertarse a la sociedad, y al sector productivo, de manera exitosa.

Asimismo, personal del INPE, entre sus varios aportes de la realidad penitenciaria del país, expuso datos relevantes sobre la población de los establecimientos penitenciarios obtenidos a través de encuestas, permitiendo conocer el grado de estudios, el porcentaje de hombres y mujeres que desean llevar estudios superiores, el tipo de carrera de su preferencia, entre otros; lo cual será parte de la línea base que facilite la adecuación normativa que deberá realizar Sunedu para la implementación de estos programas especiales.

Cabe destacar que el INPE, en su rol de ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, asumió el liderazgo de las próximas mesas de trabajo, teniendo como primer hito, definir un cronograma de trabajo que asegure el debido cumplimiento de lo ordenado en la citada ley.

Luego de estas primeras reuniones, las cuatro instituciones, Sunedu, Minedu, INPE y el Ministerio de Justicia, se comprometieron a seguir trabajando articuladamente, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley N° 31840.

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