El cambio de juez a cargo del caso de las esterilizaciones forzadas en el que está implicado el expresidente de Perú Alberto Fujimori es un nuevo maltrato del sistema judicial y podría dilatar aún más el proceso que mantiene en vilo a las miles de sobrevivientes, que llevan casi dos décadas esperando justicia.
Así lo denunciaron este miércoles organismos de derechos humanos y víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el mandato de Fujimori (1990-2000), luego de que la víspera se conociera la decisión del Poder Judicial de retirar de su cargo actual al letrado Rafael Martínez, quien lleva tres años estudiando el caso y más de dos meses leyendo su extensa resolución sobre si finalmente abre juicio oral sobre el mismo.
El Poder Judicial indicó al anunciar el cambio de Martínez, que fue trasladado a otra jurisdicción, que las acciones judiciales en curso seguirían en manos de los magistrados que ya estaban actuando en ellas, pero no aclaró expresamente hasta cuando se mantendría esta situación ni qué otras implicaciones tendría para el caso.
“Es indignante e inaudito. Yo siento que es una jugada política”, espetó a Efe Victoria Vigo, una de las sobrevivientes que tachó la designación del nuevo juez de “una falta de respeto” y “discriminación” contra todas las mujeres que en 2002 iniciaron este proceso judicial.
“Para nosotras, ese cambio es un maltrato. Ya son 20 años pidiendo justicia”, coincidió Inés Condori, otra de las víctimas de las esterilizaciones forzadas, en una rueda de prensa celebrada horas antes de la octava audiencia de lectura de la resolución del caso prevista para este miércoles.
Precisamente, la sesión de esta jornada no llegó a ser instalada por Martínez debido a cuestiones “coyunturales” y se reprogramó para el próximo sábado 20 de noviembre, aunque el juez ya anunció que no estima concluir “de manera definitiva” la lectura de su fallo en esa fecha.
“UNA ENCRUCIJADA”
Justamente no dilatar más esta etapa del proceso judicial fue uno de los pedidos más urgentes de las sobrevivientes y entidades feministas, quienes además instaron a las autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia a “pronunciarse de inmediato” sobre el cambio de juez que consideran una “vulneración de los derechos de las víctimas”.
Al magistrado Martinez le exigieron el cumplimiento de la resolución del Poder Judicial, según la cual él mismo debe determinar antes de que el letrado Littman Ramírez lo reemplace si abre juicio contra Fujimori y sus exministros de salud, a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones culposas.
En ese sentido, el abogado defensor Milton Campos agradeció en la audiencia no instalada de este miércoles la predisposición de terminar la lectura de su fallo a Martínez, quien según medios locales estaría siendo investigado por la Fiscalía por integrar una supuesta organización que cobraba sobornos para liberar narcos y presos por extorsión.
“Estamos en una encrucijada por estar en manos de un juez corrupto o de un nuevo juez (…) que no puede resolver algo de lo que no sabe y puede decir que necesita volver a fojas cero”, alertó María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Demus.
DAVID CONTRA GOLIAT
Cedano insistió en el eventual “peligro” de que ese cambio de juez eternice aún más el proceso, mientras van “muriendo víctimas y no se alcanza justicia”.
“Si no se abre investigación, lo único que nos va a quedar son las puertas de la justicia internacional”, aseveró la abogada, quien insistió en la “discriminación y la desigualdad de trato” contra las víctimas, que en su mayoría son “mujeres indígenas, en situación de pobreza y quechua hablantes”.
En la misma línea se expresó a Efe Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), quien vinculó la prolongación de la investigación al hecho de que en ella estén involucrados “los dos extremos de las zonas de poder más grandes que hay en el país”.
Dijo que es una lucha “como la de David contra Goliat”, porque al lado de estas mujeres, cuya “vida no cuenta mucho dentro de la jerarquía social” peruana, están los denunciados, “que son personajes políticos, un expresidente dictador y varios ministros”.
2.000 DENUNCIAS
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, bajo el mandato de Fujimori, cuando se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Ese programa se centró en la población en condición de pobreza para reducir su natalidad y, como consecuencia de ello, evitar el incremento de pobres en el país, según la Fiscalía.
Durante ese periodo, fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, aunque solo poco más de 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. EFE