La resolución judicial que declaró prescrito el proceso por negociación incompatible contra el expresidente Martin Vizcarra fue apelada por la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua. El recurso fue elevado para que una sala superior emita un pronunciamiento.
“Conceder el recurso de apelación, con efecto suspensivo, en contra de la resolución 02 de fecha 03 de octubre del 2023, a favor del actor civil Procurador Público de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Moquegua, debiendo elevarse los actuados en la forma de estilo y con la debida nota de atención”, refiere el documento.
La apelación pretende evitar que Vizcarra se sume a la lista de los políticos que, junto a Vladimir Cerrón, Joaquín Ramírez y el mismo presidente del Congreso y autor de la controversial norma Alejandro Soto, se salvaron de una eventual condena gracias a acogerse a la denominada ‘ley Soto’. Es evidente que esta se viene convirtiendo en una herramienta que favorece a la impunidad frente a casos de autoridades cuestionadas por presuntos actos de corrupción.
La Comisión de Justicia del congreso botó al tacho informe oficial de asesores que no encontró falta grave. Lo cambiaron y políticamente destituyen al JNJ. La dictadura congresal está tomando todas las instituciones y apoderándose del país.
La democracia está en grave peligro.— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) October 19, 2023
Tras acogerse a los beneficios de la ‘Ley Soto’, Vizcarra se habría salvado de una posible condena de 6 años. Este caso se le seguía por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en relación con un caso —que se remonta al 2011, en el marco de su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014)— por presuntamente permitir pagos indebidos de supervisiones no realizadas a la represa Chirimayuni.
Sin embargo, Vizcarra negó en RPP que se haya beneficiado con la ‘Ley Soto’. “Están equivocados al decir que yo he recurrido a esa norma, no es así. El juez a cargo de esta investigación ha declarado de oficio la excepción de prescripción de la acción penal. Ni yo ni mi abogado hemos solicitado en absoluto la prescripción. Es el Poder Judicial que, de oficio, ha hecho la aplicación de esta norma al ver que se aplicaba a este proceso de investigación”, explicó.
“El juez, en su resolución, dice que “se resuelve de oficio declarar”, es el juez que declara fundada la excepción de prescripción de la acción penal. Entonces, sí recurre a esta norma, pero lo hace el juez a mérito propio“, remarcó. No obstante, el expresidente indicó en la emisora que el mencionado caso ya había sido archivado en tres ocasiones por la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo que “estaba muerto”.
(JA)
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