SAO PAULO (Brasil).- Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a Brasil de tener “dos caras” a la hora de aplicar políticas de Derechos Humanos, pues en el exterior muestra “buena receptividad” a las recomendaciones de los organismos internacionales, pero en el país lleva a cabo “una ofensiva” contra esos mismos derechos.
“Es como si Brasil presentase dos caras. Una en las Naciones Unidas, donde acepta todas las recomendaciones (…) y describe un cuadro de amplia protección y promoción de derechos. Otra, la cara que muestra nacionalmente al proponer medidas que están liquidando los derechos humanos”, denunció Renata Neder (foto) coordinadora en AI Brasil, citada en un comunicado.
Para la organización, en los últimos meses, “Brasil ha llevado adelante una ofensiva contra los DDHH” con la tramitación de “más de 130 proyectos legislativos” que “restringen” derechos como el aborto, la libertad de expresión y manifestación pacífica.
AI denunció además que esos proyectos “perpetúan la impunidad” de los delitos cometidos “por órganos y fuerzas de seguridad, flexibilizan la legislación de acceso a armas, reducen la mayoría penal para 16 años y disminuyen los derechos de los pueblos indígenas”.
La organización subrayó que, “mientras Brasil apoya en las Naciones Unidas recomendaciones para acabar con la violencia contra los pueblos indígenas” y promover sus derechos, “dentro del país, promueve cambios legislativos que eliminarían el derecho a la tierra de estos mismos grupos”.
Brasil vive este año un agravamiento de los antiguos conflictos entre indios y grandes hacendados por la titularidad de las tierras, que han derivado en matanzas contra miembros de distintas etnias a manos de grupos armados no identificados.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron hoy su preocupación por la matanza de al menos diez miembros de una tribu aislada cometida, al parecer, por mineros ilegales en la Amazonía brasileña.
El suceso, que tuvo lugar en agosto pasado, está siendo investigado por la Fiscalía del país suramericano.
“Amnistía Internacional pide coherencia a Brasil y que aplique en sus políticas internas todas las recomendaciones que acepta en el exterior. Solo así podrá avanzar en la protección y la promoción de los Derechos Humanos”, finalizó Neder en la nota.
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