Durante el 2019 han sido registrados 108 ataques a la prensa (periodistas y medios de comunicación) por la Oficina de los Derechos Humanos (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
En un año marcado por las coberturas de acciones de índole política, protestas sociales y lucha contra la corrupción, el periodismo ha recibido diferentes ataques, entre los que este año destaca la agresión física y verbal, presentando un total de 31 hechos registrados con esta forma de violentar a la prensa.
Asimismo, los intentos de acallar al periodismo crítico y cuestionador han sido numerosos, teniendo un total de 28 amenazas y hostigamientos a periodistas, mientras que los hostigamientos judiciales han sido 206en total.
Otras formas de ataque a la prensa que se han dado este año son las trabas al acceso a la información (12), las presiones o sanciones administrativas (6), las amenazas legislativas (2), y las detenciones arbitrarias (2).
Un hecho de particular interés, que no puede quedar desapercibido este año, es el asesinato de la periodista Sonia Isabel Alvarado Huayunga cuyo cuerpo sin vida fue hallado en San Lorenzo (Loreto). A pesar de que las pesquisas y testimonios apuntan a un feminicidio, no se puede descartar el móvil profesional, debido a que -según la información de un diario nacional- la colega estaba investigando hechos relacionados a la tala ilegal; encontrando, como uno de los implicados en el caso, a su pareja, el abogado Felipe Cáceres, asesino confeso de la periodista.
Zonas de tensión y riesgo: Lima, Arequipa y Tacna
El 2019 quedó marcado por importantes hechos de tensión política y social (caso Odebrecht, conflicto social Tía María, entre otros). Periodistas y medios de comunicación sufrieron ataques tanto de efectivos policiales como de manifestantes durante la cobertura.
El lugar donde se han perpetrado más ataques a periodistas ha sido Lima (42). La segunda provincia con un alto índice de ataques es Arequipa (10), donde varios colegas fueron atacados durante la cobertura del conflicto social surgido por el proyecto minero Tía María, además de otros hechos que propiciaron los ataques.
El caso de Tacna, con 7 ataques registrados, llama la atención por ser una provincia en que las acciones que toman las autoridades ha permitido que se ubique como la tercera en que la prensa fue más vulnerada este año.
ANP rechaza hostilidad judicial contra periodista Paola Ugaz
Los agresores
Respecto a los atacantes, los funcionarios públicos son quienes han presentado mayor incidencia con 41 ataques registrados. Es importante resaltar que esta cifra se da porque la mayoría de las autoridades responden ante las investigaciones periodísticas tomando acciones administrativas o judiciales sobre los hombres y mujeres de prensa que les estaban cuestionando como parte de su investigación periodística.
Luego, los civiles sobresalen con 40 ataques este año. Aquí es importante resaltar que en su mayoría han sido personas relacionadas a personajes públicos cuestionados, infiltrados en manifestaciones públicas y grupos hostiles que buscan amedrentar al periodismo crítico.
Por otro lado, el perfil de atacante que corresponde al policía, militar, serenazgo o vigilante (18) refleja que siguen vigentes los roces de periodistas con aquellos funcionarios que, sin escuchar las razones, responden con el uso inusitado de la fuerza y encuentran, en quienes ejercen el periodismo, el centro de su ataque. En este punto, la ANP subraya la necesidad de acordar con el Ministerio del Interior un protocolo de acción de la PNP frente a coberturas periodísticas. Durante el 2019 la ANP ha mantenido reuniones de trabajado con la PNP en este cometido.
En el mismo sentido, los elementos no identificados (9) se presentan mayormente en los casos de ataques cibernéticos, en que los usuarios atacantes se protegen con perfiles falsos de trolls cuya única finalidad será hostigar e incomodar a quien ejerce el periodismo.
Otros datos
En otras cifras, el ataque según el medio ubica en primer lugar a la prensa digital (37), que mayormente es ejercida por medios independientes, cuya presencia mayoritaria está en las provincias.
Le siguen los medios del periodismo tradicional como son la prensa escrita (28), televisiva (23) y radial (20). En la mayoría de casos el ataque ha surgido a raíz del ejercicio del periodismo de investigación o del reporterismo.
En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (58), seguido de las mujeres de prensa (25) y una cifra igualmente considerable son los ataques dirigidos a perjudicar directamente los medios de comunicación (25).
Casos emblemáticos
En medio de este escenario, durante el 2019 algunos casos han resaltado por su relevancia, reincidencia o impacto en la sociedad o en el colectivo periodístico.
Entre estos, un caso hostil de ciberacoso es el que viene perjudicando a la periodista Glenda Mello Pinero (Tarapoto), quien desde octubre del 2018 ha venido siendo víctima de ataques sistemáticos de trolls en las redes sociales.
Este año, los ataques han recrudecido fuertemente en dos ocasiones, afectando la vida profesional, familiar y personal de la periodista.
Con referencia al hostigamiento judicial, el llamado caso “Eteco” tuvo un desarrollo de especial atención. Como se recuerda, Miguel Arévalo Ramírez “Eteco”, presentó alrededor de diez denuncias contra diferentes periodistas y medios de comunicación.
En abril de este año, los periodistas Óscar Castilla y Edmundo Cruz fueron sorprendidos con la orden judicial que mandaba el embargo de sus bienes, así como del medio digital OJO Público.
En diciembre, el Poder Judicial absolvió a los periodistas, junto a los demás querellados, porque “no (se justifica) imponer una condena penal porque no ha mediado propósito de denigrar o de mala fe por parte de los respectivos autores.
Otro caso resaltante en el hostigamiento judicial a periodistas es el ejercido por las personas relacionadas al Sodalicio de Vida Cristiana, cuyos principales afectados son los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Ambos, por decisión judicial han tenido que afrontar juicios en Piura, siendo un agravante al perjuicio económico al que genera un proceso de esta naturaleza.
Sin embargo, de los dos, la más perjudicada ha sido Ugaz, ya que ella, además de la querella realizada por el arzobispo de Piura y Tumbes, ha recibido más de una por parte de representantes de empresas vinculadas a esta organización religiosa.
Otro medio, que también ha sido afectado este año por el mismo caso, ha sido Wayka, que en noviembre recibió una amenaza vía carta notarial por las investigaciones que realizaba de las empresas vinculadas al Sodalicio que estarían involucradas en tráfico de terrenos.
El equipo periodístico con mayor número de ataques como colectivo este 2019 ha sido IDL Reporteros, que han soportado en más de una ocasión el hostigamiento del autodenominado grupo “La Resistencia” -que ha irrumpido numerosas veces en espacios públicos-; ataques cibernéticos a sus transmisiones online y amenazas de trolls a su director Gustavo Gorriti.