BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy con casi total unanimidad un proyecto de ley que garantiza el acceso a la información pública, una iniciativa que obliga a los tres poderes del Estado a proporcionar los datos que los ciudadanos requieran.
Con el apoyo de 229 parlamentarios del oficialismo y la oposición y el voto negativo de solo cuatro diputados de izquierda, el proyecto pasó el primer filtro para ser aprobado y queda ahora a la espera del dictamen definitivo del Senado.
Se trata de un proyecto que garantiza el derecho de “toda persona humana o jurídica, pública o privada” a solicitar y recibir información pública, un texto que, de aprobarse, sacaría a Argentina del grupo de países de Latinoamérica (Bolivia, Venezuela y Cuba) que todavía no cuentan con una ley al respecto.
Fue el presidente argentino, Mauricio Macri, quien a principios de abril anunció el proyecto y quien aseguró más tarde que la ley será una “herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción”.
Aunque prácticamente toda la oposición apoyó el proyecto, algunos bloques mostraron sus reticencias frente a las excepciones que contempla la legislación propuesta por el Gobierno, mientras que las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el debate criticaron que la aplicación de la ley dependa del Poder Ejecutivo.
Esas excepciones se dan, según el texto legal, cuando los datos requeridos son “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de política exterior”, así como cuando “pudieran poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
Así, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado del gobernante bloque conservador Cambiemos, Pablo Tonelli, defendió durante el debate que la propuesta es “una herramienta contra la corrupción” que permitirá “que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del Gobierno y todo lo que el Gobierno posea”.
Uno de los argumentos más duros contra el proyecto lo lanzó el diputado del Partido Obrero Pablo López, quien denunció que la propuesta es “una ley de preservación de secretos” porque, aseguró, no garantiza el acceso a importantes archivos secretos sobre la dictadura o la causa del atentado a la mutualista AMIA.
La extensa sesión de hoy en la Cámara de Diputados, que se prevé durará ininterrumpidamente hasta el jueves, continuó con el debate de otro proyecto del Gobierno para devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los bienes de la canasta básica a los sectores más vulnerables de la población.
También se debaten cinco dictámenes diferentes para declarar la emergencia laboral para evitar despidos, rechazados por el Gobierno.