BUENOS AIRES.- Diputados opositores de izquierda y organizaciones de derechos humanos criticaron hoy con dureza el nuevo protocolo del Gobierno argentino para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, en especial que no incluya la prohibición expresa de armas de fuego por parte de los agentes.
“El protocolo es vergonzoso, subordina a jueces, fiscales y Ministerio al criterio de las fuerzas de seguridad. Directamente prohíbe la protesta social“, denunció en su cuenta de Twitter la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, en referencia a la resolución difundida hoy por el Ministerio de Seguridad.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señaló que el protocolo “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo”.
“Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”, manifestó el Cels.
El organismo criticó que la norma “no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones” y amplía las “facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social”.
Desde el kirchnerista Frente para la Victoria, la fuerza que gobernó el país durante los últimos 12 años y a la que el actual Ejecutivo acusa de no haber actuado para impedir los cortes de calles, guardan silencio por el momento sobre las nuevas directivas.
El nuevo protocolo establece que en caso de un corte de calle o carretera en el marco de una protesta “se establecerá un espacio de negociación” con los manifestantes y “se dará aviso a la Justicia”.
En las manifestaciones no programadas, el jefe del operativo de Seguridad solicitará a los manifestantes que se retiren de la vía pública y, de no acatar la orden, se procederá a intervenir y disolver la protesta.
Cientos de personas participan en una manifestación en una autopista de acceso a Buenos Aires. de protesta en Argentina. EFE/David Fernández
Los agentes deberán incautar todos aquellos objetos de los manifestantes “que pudieren dañar la integridad de las personas” y sus portadores serán aislados e identificados.
Si se provocaran daños durante la protesta, se procederá a detener a los autores del hecho.
El protocolo establece que “el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”.
Según datos de la consultora privada Diagnóstico Político, en el 2015 se registraron 6,323 cortes de vías públicas en todo el país, un 7 % menos que el 2014.