SANTIAGO DE CHILE.- La justicia chilena aumentó hoy las penas contra seis exmiembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), entre autores y cómplices, de torturas realizadas en 1973, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, contra dos detenidos en el interior de la base de El Bosque, en Santiago.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó en un fallo dividido el incremento de las condenas por el delito reiterado de aplicación de tormentos a Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova.
El tribunal, constituido por tres jueces, decretó a 5 años y un día de presidio efectivo como autores para los exmilitares Renato Gastón del Campo Santelices, Manuel del Carmen Cabezas Pérez y el exgeneral de la FACh Guillermo Reynaldo Gómez Aguilar (quien ya tiene una condenada de 3 años y un día por la muerte del joven estudiante de 22 años Gabriel Marfull González).
Además, también por su calidad de autores, decretó 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, para Eduardo Enrique Cartagena Maldonado (suboficial de la FACh procesado por numerosos casos de detenidos desaparecidos) y Leopoldo Zamora Maldonado.
Por último, para Víctor Manuel Mättig Guzmán (oficial procesado ya como autor del delito de asociación ilícita genocida), la justicia estipuló una pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por su calidad de cómplice.
“La víctima Patricio Mario Rivera Cornejo, aparte de los maltratos sufridos al momento de su detención, al ser posteriormente trasladado a la Base Aérea El Bosque, personal de esa institución lo sometió a ‘interrogatorios con electricidad en los genitales y en la lengua, y en particular le provocaron marcas trazando el signo de la Unidad Popular en su espalda con un yatagán'”, destacó el fallo.
“En lo relativo a la víctima Ramón Daniel Pavez Casanova, expresa que después de haber sido detenido, interrogado y golpeado en el Ministerio de Defensa, fue trasladado al interior de la Base Aérea El Bosque, ‘permaneciendo en ese lugar por alrededor de una semana a 10 días, sometido a sesiones de interrogatorios y torturas mediante el empleo de electricidad y golpes en su cuerpo'”, agregó.
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 40 millones de pesos (algo más de 58.000 dólares) a cada una de las víctimas.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
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