Jorge Ramírez actuó de manera correcta y diligente en su rol de preservar los intereses del Estado en el caso Odebrecht, y eso hace más injustificado y arbitrario su despido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al comentar el hecho de que Jorge Ramírez haya enviado un oficio el 8 de enero a Martín Mijichich, secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en el que se informaba que el diálogo con los representantes de Odebrecht y el entonces ministro de Energía, Juan Carlos Liu, iba a abordar aspectos relacionados al Gasoducto Sur Peruano.
“Yo estoy completamente convencido de que Jorge Ramírez no solo obró bien, sino que fue bastante diligente en el papel que legalmente le corresponde, que es preservar los intereses del Estado y garantizar que en el curso de los procesos judiciales que hay contra Odebrecht y las otras constructoras brasileñas se resarza el daño de una manera proporcional a la gravedad de estos hechos. Eso hace mucho más injustificada y arbitraria la decisión que se tomó hace un par de días […]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Jorge Ramírez ha tenido un papel diligente en el rol que le corresponde como procurador del Estado y me refiero a que la diligencia de Ramírez estuvo dirigida a garantizar por lo menos el 25% del pago de la transferencia de los activos como objetivo para que eso se convierta en un monto más elevada de reparación civil”, aseveró.
Actuación correcta
Carlos Rivera Paz indicó que la actuación de Jorge Ramírez de informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre la reunión fue absolutamente correcta. Asimismo, consideró que lo que correspondía era que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Economía y Energía, tomen las acciones pertinentes frente a la posibilidad de que se prorrogue el plazo de prescripción que tenía la compañía para ejercitar el derecho de arbitraje ante el CIADI.
“Él [Jorge Ramírez] está cumpliendo de una manera proactiva el rol que le corresponde. Ramírez desarrolla las acciones absolutamente correspondientes y necesarias para que los actores que son los encargados legalmente de tomar esas decisiones en el Poder Ejecutivo, en el Minem y sobre todo el MEF actúen y tomen una decisión. Lo que encuentra Ramírez es un portazo en la cara, y eso hace mucho más grave y, hasta cierto punto, más desleal”, manifestó.
“Creo que se había tomado la decisión de no desarrollar ese proceso de negociación y eso me parece de lo más irresponsable, porque me parece que esa falta de cuidado por parte del Ejecutivo y el hecho de no tomar la decisión de extender ese plazo de prescripción es lo que le dio la puerta como única alternativa a presentar la demanda ante el CIADI. ¿Se puedo evitar? Desde mi punto de vista se pudo evitar, y no estaríamos en esta crisis política”, declaró.