Ana María Romero-Lozada, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), instó al Ministerio Público a retomar la investigación sobre los abusos sexuales contra menores de edad presuntamente cometidos por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, entre 1975 y 2002, y determinar sanciones penales.
“Es muy importante para la regeneración moral que requerimos como sociedad, que este tipo de delitos no queden en la impunidad”, mencionó en oficio dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
Ana María Romero-Lozada formuló este pedido luego de que en el lunes el grupo religioso informara que su investigación interna ha arrojado suficientes indicios para detectar a cuatro presuntos agresores sexuales de menores de edad, indicios que pondrá a disposición de la Fiscalía.
“A la luz de estos nuevos elementos, me permito reiterarle el pedido de profundizar las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de estos presuntos agresores y quienes resulten responsables y llevarlos ante la justicia. Es necesario agotar todos los esfuerzos para ello, coordinando de ser preciso con las autoridades jurisdiccionales de los países en los que residen”, resaltó la ministra.
Cuando a fines de enero la 26ª Fiscalía Especializada en lo Penal de Lima archivó la denuncia, Ana María Romero-Lozada dirigió un primer oficio al fiscal de la Nación instándolo a profundizar las investigaciones sobre este caso.
Ahora, tras los resultados de la investigación detallada la noche del lunes por el superior general del Sodalicio, Alessandro Moroni, Ana María Romero-Lozada informó que encargará a la Procuraduría del Ministerio de la Mujer a personarse al Ministerio Público para impulsar las investigaciones para determinar responsabilidades penales de los presuntos responsables de este caso de abuso sexual.
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