SANTIAGO DE CHILE.- Un juez especial entregó a sus familias restos óseos de dos campesinos ejecutados por militares en 1973 en el sur de Chile, tras el golpe que encabezó Augusto Pinochet, informaron hoy fuentes judiciales.
Las víctimas, Rubén Vargas Quezada y Fernando Mora Gutiérrez, formaban parte de un grupo de diecisiete campesinos asesinados el 9 de octubre de 1973 en Baños de Chihuío, a unos 800 kilómetros de Santiago, que habían sido favorecidos por la reforma agraria llevada a cabo por el Gobierno del presidente Salvador Allende.
La entrega de los restos fue la culminación de un largo y complejo proceso de identificación, ya que en 1978 los cadáveres de los 17 trabajadores fueron exhumados, metidos en sacos y lanzados al mar, como parte de la operación “Retiro de Televisores”, ordenada por Augusto Pinochet para evitar que se supiera de la existencia de detenidos desaparecidos en Chile.
“Lo que se hizo hoy en el Servicio Médico Legal fue la entrega de restos óseos de víctimas del caso Chihuio a sus familiares. Junto con la entrega de los restos óseos, se hizo entrega de los resultados de laboratorio, donde se identificó a su familiar que fue víctima de este suceso”, explicó el juez especial Álvaro Mesa, a cargo de la investigación.
Explicó que la entrega es en la práctica simbólica, pues la identificación se hizo sobre la base de pequeños fragmentos de huesos que quedaron en las fosas de las que fueron exhumados los cuerpos en 1978.
En algunos casos, entre ellos los de Rubén Vargas y Fernando Mora, los fragmentos “fueron consumidos” en el proceso de identificación, dijo el magistrado.
Hasta ahora se ha podido identificar a doce de las diecisiete víctimas y, respecto de las cinco restantes, “puede existir la posibilidad -dado que la tecnología avanza año a año- que a futuro se envíen nuevas muestras (desde el sitio del suceso) y puedan ser identificadas”, añadió.
Los familiares de Rubén Vargas Quezada y Fernando Mora Gutiérrez agradecieron el compromiso y dedicación de los profesionales e instituciones que tuvieron participación en la identificación.
El juez también valoró positivamente el trabajo de las familias en el proceso de esclarecimiento de los hechos, pues a su juicio, su labor ha sido fundamental para que las investigaciones se sigan desarrollando.
El llamado “caso Chihuío” comenzó el 7 de octubre de 1973, cuando agentes de dos regimientos partieron desde la ciudad de Valdivia para recorrer los lagos Futrono, Maihue y Ranco, abarcando las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.
En el trayecto detuvieron en sus casas a los 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato “La esperanza del obrero”, delatados por Américo González Torres, dueño del fundo Chihuío, que había sido expropiado en el proceso de reforma agraria.
El recorrido culminó la noche del 9 de octubre en la casa patronal de González Torres, desde la cual los trabajadores fueron llevados al sector Baños de Chihuío, donde fueron ejecutados y sus cadáveres sepultados ilegalmente en el mismo sitio en dos fosas distintas.