ESTRASBURGO (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy cuatro resoluciones en las que condena violaciones de los derechos humanos en Nigeria, Arabia Saudí, Tailandia y República Centroafricana.
Los eurodiputados expresaron su “firme condena” a la sentencia a muerte impuesta en Arabia Saudí al joven Ali Mohamed al Nimr, detenido por participar en una manifestación durante la Primavera Árabe el 2012, y apelaron a las autoridades saudíes para que detengan su ejecución.
Mostraron su preocupación por el incremento de sentencias a la pena capital observado en ese país el 2014, así como por la “alarmante proporción” de decisiones judiciales que han ordenado este tipo de castigo este año.
Por lo que respecta a Nigeria, el Parlamento Europeo condenó los crímenes perpetrados por los terroristas de la organización extremista Boko Haram, incluyendo ataques suicidas en Chad, Camerún y Níger.
Instó también a la “inmediata coordinación internacional” para asistir al trabajo de la ONU y sus agencias en la región, a la hora de evitar el desplazamiento forzado de niños y jóvenes que sufren la violencia.
También pidió a las autoridades nigerianas que tomen medidas para eliminar la corrupción dentro de las instituciones públicas y el Ejército, así como para que corten los medios de financiación ilegal de ese grupo terrorista.
En cuanto a la República Centroafricana, los europarlamentarios expresaron “profunda preocupación” por su situación, “al borde de la guerra civil si la violencia no es contenida”.
Pidieron a las autoridades del país que se centren en luchar contra la impunidad y restauren el Estado de derecho, y deploraron que a pesar de que la ONU ha declarado un embargo de armas a ese país, continúe el refuerzo militar de las milicias.
Así, urgieron a las compañías internacionales de diamantes que examinen con atención el origen de las piedras preciosas para “evitar echar más gasolina al conflicto” en ese país.
Por último, la Eurocámara expresó su preocupación por “la situación en deterioro de los derechos humanos” en Tailandia tras el golpe de Estado del 2014, e instó a las autoridades del país a “levantar las restricciones represivas” impuestas a libertades fundamentales.
Del mismo modo, solicitó que las autoridades tailandesas revoquen sentencias, retiren cargos y liberen a personas y periodistas que han sido condenados por “ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión o asamblea”.