El Congreso de la República se apresta a discutir un grupo de doce proyectos de ley presentados por la Contraloría General, entre los cuales destaca uno que propone aplicar pena privativa de la libertad para los autores de colusión y peculado.
Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 384 y 387 del Código Penal, a fin de que el tiempo mínimo de prisión aplicados a estos ilícitos sea de cinco años de cárcel efectiva y no solo cuatro, como es actualmente, lo cual permite a las personas responsables de esos delitos librarse de la prisión.
En otra de las iniciativas presentadas, la Contraloría plantea que todos aquellos servidores del sector público con ingresos equivalentes o superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) presenten obligatoriamente una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.
También se plantea modificar la Ley de Contrataciones del Estado. Un aspecto saltante de dicha propuesta es la de prohibir que aquellas empresas financistas de la campaña de algún candidato ganador de comicios, participen como postores o contratistas en concursos públicos.
La Contraloría busca además inmovilizar documentos de las entidades públicas, a fin de poder fiscalizarlos. De igual modo, en otra iniciativa, plantea obtener facultades para intervenir entidades a través de acciones de control.
En ese orden de cosas, la entidad que dirige Edgar Alarcón pide mediante una de las propuestas legislativas presentadas, que se le permita acceder a las bases de datos de todas las entidades públicas.
A través de otro proyecto de ley se propone transferir a la Contraloría la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, entidad actualmente adscrita al Ministerio de Justicia.
Estas iniciativas legislativas serán analizadas una vez instaladas las comisiones ordinarias del Parlamento.