WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a llevar a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por mantener la prohibición de la fecundación in vitro (FIV) a pesar de que el tribunal ordenara permitir esa técnica médica ya el 2012.
En un comunicado, la CIDH anunció hoy que ha presentado a la CorteIDH un nuevo caso sobre fecundación in vitro en Costa Rica, esta vez de seis parejas afectadas, en el que ha aplicado el mismo análisis de derechos y ha llegado a las mismas conclusiones que en el informe que derivó en la sentencia del 2012.
La CIDH, con sede en Washington, considera una vez más que la prohibición de esa técnica representa una vulneración de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación.
La fecundación in vitro, una de las técnicas a la que recurren las parejas con problemas de fertilidad.
Esta consiste en la fecundación del óvulo fuera del cuerpo de la mujer, es un tema muy controvertido en Costa Rica, el único país del continente americano donde está prohibida.
La Sala Constitucional determinó en el año 2000 que la práctica viola el derecho a la vida al interpretar que la esta comienza desde la concepción y que la técnica médica permite desechar o destruir seres vivos.
El Gobierno de Costa Rica pidió el pasado 11 de febrero a la CorteIDH que avale el decreto que emitió para restablecer la fecundación in vitro y cumplir con la sentencia del tribunal, pero que fue invalidado por la Sala Constitucional el 3 de febrero.
El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, firmó el pasado 10 de septiembre un decreto para habilitar la práctica en el país y cumplir con el fallo emitido por la CorteIDH en el 2012, que ordenó restablecer esa técnica médica.
Ese decreto representa una vía para superar el bloqueo de una ley al respecto que está estancada en el Congreso desde hace dos años.
Sin embargo, el pasado 3 de febrero la Sala Constitucional emitió un fallo en el que anuló el decreto y exigió al Congreso emitir una ley que regule la FIV.