MADRID.- Conservadores y liberales han recrudecido la oposición al jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, al que acusan de “rendición” ante los gobernantes soberanistas de la región de Cataluña, así que lo apremian a que frene los “desmanes” independentistas y convoque elecciones ya.
La política de diálogo con las autoridades secesionistas catalanas que promueve Sánchez, quien gobierna en minoría, ha acrecentado la tensión entre el Ejecutivo y los opositores Partido Popular y Ciudadanos.
El último episodio, hasta ahora, de esta división y escalada de enfrentamiento político ocurrió esta semana, con motivo de una reunión rodeada de gran polémica entre Sánchez y el presidente independentista catalán, Quim Torra, en Barcelona.
El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró hoy que Sánchez ha decidido “vender” al Estado en una “negociación ostensible y grotesca” con los independentistas para acabar con la soberanía nacional, mientras Cataluña se ha convertido en un “territorio sin ley y ajena al marco constitucional”.
El líder socialista español llegó al poder a primeros de junio pasado, cuando ganó una moción de censura gracias al apoyo de la mayoría de la oposición parlamentaria contra el conservador Mariano Rajoy (PP), que gobernaba hasta entonces con ayuda de Ciudadanos.
Y Sánchez necesita ahora el voto de los partidos separatistas catalanes representados en el Congreso español para poder aprobar los Presupuestos del Estado de 2019, debido a la debilidad parlamentaria de los socialistas, que tienen 84 de los 350 diputados de la cámara, mientras que solo el PP dispone de 134 escaños.
En busca de distensión, Sánchez y Torra se entrevistaron el jueves en la capital catalana a propuesta del primero. En un comunicado conjunto, se mostraron partidarios del diálogo efectivo y avanzar en una solución democrática para el conflicto de Cataluña “en el marco de la seguridad jurídica“.
También el Consejo de Ministros se celebró el viernes en la capital catalana (habitualmente es en Madrid), entre otros gestos simbólicos del Ejecutivo español hacia los soberanistas.
Pero éstos acogieron estas señales con desdén porque no renuncian a separarse del resto de España y exigen la libertad de los políticos catalanes que están en prisión preventiva y pendientes de juicio por el proceso secesionista ilegal de 2017.
La presencia del Gobierno español en Barcelona fue rechazada ayer con manifestaciones, cortes de carreteras y algunos incidentes violentos promovidos por grupos organizados de separatistas extremistas. Hubo trece detenidos y 77 heridos.
Casado describió esos hechos como “terrorismo callejero” y advirtió contra la palabra “conflicto” para definir la cuestión catalana, pues era el término que se empleaba cuando la banda separatista vasca ETA cometía atentados, según argumentó el líder conservador.
El Gobierno de España, según Casado, “no puede dialogar con aquellos que lo que quieren es romper la convivencia y la paz”, en referencia a los independentistas, ni tener una “política de apaciguamiento” con quienes “quieren cambiar la historia de España y su unidad”.
“Los catalanes pagaron los delirios de un gobierno insurrecto”, denunció hoy la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en alusión a los incidentes del viernes y a las autoridades catalanas.
“El problema de España es que está en manos de Torra porque Sánchez le necesita”, opinó el viernes el presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, quien reprochó a Sánchez que haya aceptado “las tesis separatistas” de Torra que “España y Cataluña son dos Estados” y de que la “relación debe ser de tú a tú”.
PP y Ciudadanos urgen al Ejecutivo a que aplique la Constitución y asuma el ejercicio de las competencias regionales de autogobierno de Cataluña, algo que ya hizo Rajoy con motivo del proceso separatista ilegal 2017.
Por el contrario, el gobierno de Sánchez subraya que esa reunión con Torra evidencia que el diálogo puede “encauzar” la salida del “conflicto”, niega que haya concesiones a los independentistas y reitera que la “autodeterminación” no existe en la legislación española.
“Los partidos tenemos la responsabilidad de mejorar la convivencia y garantizar la paz entre los ciudadanos; hemos de evitar la crispación”, apostilló hoy la ministra de Política Territorial, la socialista Meritxell Batet.
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