La justicia ecuatoriana declaró hoy culpables del delito de sabotaje a 63 policías y militares acusados de participar en la paralización de servicios públicos durante una revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010.
La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que el Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, declaró culpables a los procesados en calidad de autores.
La decisión se dio luego de 23 días de audiencia de juicio, pero la pena que deberán cumplir será notificada en los próximos días, indicó la dependencia.
Otros cuatro procesados no se presentaron a la audiencia, por lo que no pudieron ser juzgados y son considerados prófugos de la justicia. En tanto se ratificó la inocencia de otros ocho involucrados.
El caso se remonta al 30 de septiembre de 2010 cuando personal militar, policial y de tropa se tomaron la pista del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, durante una revuelta policial en rechazo a una Ley de Servicio Público.
La revuelta, que se originó en un cuartel policial de la capital ecuatoriana, dejó 10 muertos y 274 heridos, y fue interpretada por el gobierno como un intento de golpe de Estado.
Según la Fiscalía, este grupo de procesados obstaculizaron ese día el libre movimiento y tránsito de pasajeros dentro y fuera del país desde el aeropuerto capitalino.
El proceso penal se inició el 26 de marzo de 2013 contra 84 policías y militares. Durante el 2014 se realizaron sucesivas vinculaciones hasta llegar a la cifra de 224 procesados, de los cuales 75 fueron acusados y llamados a juicio y a 149 la Fiscalía se abstuvo de acusarles por falta de prueba.
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal a cargo del caso, Iván Ron, mostró varias pruebas que confirman la participación de los acusados en los hechos.
El fiscal mostró videos de los distintos medios de comunicación que transmitieron los hechos, experticias de los análisis faciales de los procesados, informes de criminalística y testimonios.
La paralización de los servicios públicos es un delito contra la seguridad interna del Estado que contempla una pena de ocho a 12 años de reclusión mayor ordinaria.