QUITO.- La Procuraduría General de Ecuador anunció hoy que los hermanos Leonidas y Luis Ortega, expropietarios del Banco Continental, deberán cancelar la tasa máxima de intereses sobre una condena por fraude emitida en marzo pasado por el Consejo Privado de la Reina, en Londres.
Una decisión de ese Consejo, anunciada ayer viernes, señala que, además del pago de la sentencia cifrada en más de 191 millones de dólares, los exbanqueros deberán sufragar “la tasa máxima de interés sobre los valores condenados y las costas procesales”, señaló hoy en un comunicado la Procuraduría (Juez de cuentas del Estado).
Esa entidad de control argumentó en el proceso que los hermanos Ortega efectuaron transacciones “de manera fraudulenta” de valores entregados por el Estado, que “fueron desviados a otras compañías del grupo y, más tarde, reemplazados por activos sin valor”.
El Consejo Privado de la Reina acogió ese argumento y ordenó que los imputados paguen incluso los “intereses compuestos como forma de compensación equitativa”.
Se estima que el valor que deberán cancelar los demandados por el cálculo de intereses y costas judiciales, “fluctuará alrededor de 574 millones” de dólares, precisa el escrito de la Procuraduría.
Sobre el tema, el procurador general del Estado, Diego García, destacó la defensa del país, que llevará acciones para ejecutar la sentencia del Consejo Privado de la Reina.
“Nuestra defensa se ha encaminado a obtener un completo resarcimiento del daño causado; esta decisión refleja este pedido y con ella se dará inicio a las acciones correspondientes para el reconocimiento y ejecución de dicha sentencia”, remarcó García.
El proceso iniciado en 1996 por el Banco Central de Ecuador contra el grupo Conticorp pretendía la recuperación de los valores que el Instituto emisor había concedido al Continental bajo la forma de préstamos de liquidez.
Según el Banco Central, los exbanqueros Ortega fueron “iniciadores y copartícipes de la crisis bancaria” que se desató entre 1998 y 1999, considerada la peor de la historia nacional y que le costó al país más de 8.000 millones de dólares.
En esa época, una treintena de bancos fueron intervenidos por el Estado y más de medio centenar de exadministradores procesados, aunque la mayoría salió del país para evitar la acción de la justicia.
La condena emitida en marzo pasado por el Consejo Privado de la Reina dejó sin efecto dos sentencias de instancias inferiores de las Cortes de las Bahamas (sede de subsidiarias de la entidad), que habían desestimado la demanda ecuatoriana el 2010 y 2012.
El Estado ecuatoriano apeló entonces ante el Consejo Privado en Londres, tribunal de última instancia de las acciones procedentes de países de la Commonwealth, como las Bahamas.