WASHINGTON.- La Suprema Corte de EEUU decidió este martes analizar la legalidad de los decretos firmados por el presidente, Barack Obama, sobre alivio migratorio en noviembre del 2014, como demanda en apelación la Casa Blanca ante la oposición de 26 estados.
Mediante ese decreto, Barack Obama busca que hasta 5 millones de inmigrantes “salgan de las sombras” y trabajen legalmente en el país, a lo que se oponen los sectores conservadores del Partido Republicano.
El Tribunal Supremo decidió que analizará la apelación presentada por el Gobierno que plantea poner en marcha las medidas ejecutivas migratorias de Obama, que buscan suspender temporalmente la deportación de más de cinco millones de indocumentados.
Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre del 2014, fueron bloqueadas hace casi un año a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos y liderados por Texas.
Los estados demandantes acusan incluso al mandatario estadounidense de presunto “abuso de poder” debido a que la medida impide que se deporte a millones de inmigrantes indocumentados.
Los decretos permiten la regularización de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos estadounidenses.
Los magistrados anunciaron que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Barack Obama en momentos en que se aviva una campaña presidencial ya cargada por el tema.
El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.
Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del Gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes con permanencia legal.
La iniciativa de Obama es considerada una “amnistía” para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida de los decretos presidenciales es la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto el 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente “blinda” a varios millones de personas del riesgo de deportación, una de las más apremiantes demandas de las entidades de defensa de los inmigrantes.
Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con otros 25 estados para cuestionar la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso. (ECHA – Agencias)