LOS ÁNGELES/EEUU.- Durante una conferencia telefónica con periodistas, el fiscal general de California, Xavier Becerra, aplaudió que el Tribunal Supremo haya rechazado que la Administración Trump se salte el proceso jurídico normal y permita que el Noveno Circuito se pronuncie sobre DACA.
En ese sentido consideró que la decisión es una “victoria” para los Dreamers -una cuarta parte de los cuales viven en California-, para la economía y para el imperio de la ley.
DACA “es plenamente legal” y los esfuerzos de la Administración por desmantelarlo “fueron plenamente ilegales”, argumentó Becerra.
La demanda de California contra la eliminación de DACA incluye a las fiscalías de Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California, varios Dreamers y otras entidades.
Líderes demócratas y grupos pro-inmigrantes en todo EEUU, como CHIRLA, “United We Dream” (UWD), el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) “CASA de Maryland”, y el “Movimiento por una Reforma Migratoria Justa” (FIRM), han liderado la lucha por los Dreamers y este lunes aplaudieron la decisión del Tribunal Supremo.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC, afirmó que, como mínimo, la decisión del Tribunal Supremo da una “ventana temporal” para que los Dreamers continúen renovando sus permisos mientras el Noveno Circuito de Apelaciones y otros tribunales continúan el proceso de revisión de DACA.
Los recientes fallos judiciales de Alsup y Garaufis no aplican para Dreamers que jamás solicitaron protección bajo DACA, precisó.
Así, la decisión del Tribunal Supremo no ayuda a los Dreamers que eran elegibles para DACA, pero que nunca solicitaron protección porque no tenían la edad o no cumplían con los requisitos, o porque no podían costearse la tarifa de US$ 495, entre otras barreras.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC.
Activistas como Greisa Martínez Rosas, de “UWD”, advirtieron que la reactivación de DACA no necesariamente protege a los Dreamers de los excesos de los agentes de Inmigración, ni resuelve el limbo que afrontan una vez que vencen sus permisos.
Por ello, los activistas mantendrán una campaña de presión, incluyendo una gran protesta de más de mil Dreamers el próximo 5 de marzo, para que el Congreso autorice una legalización permanente.
El Senado rechazó recientemente varias medidas para proteger a los Dreamers, incluyó una que contenía el “Dream Act” y también el polémico plan migratorio del presidente Trump. (ECHA – Agencias)