SAN DIEGO.- La jueza federal Louise Porter aprobó de manera tentativa, un acuerdo para que el gobierno de EEUU pague un millón de dólares a los hijos del mexicano que murió tras ser detenido por agentes de inmigración.
El inmigrante , Anastasio Hernández Rojas, recibió varias descargas con una pistola inmovilizadora, en un caso de fuerza excesiva que la magistrada tiene el propósito de dar fin después de casi siete años y que originó amplias quejas pero que los fiscales rechazaron presentar cargos penales.
El dinero será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández si el acuerdo recibe la aprobación final, y aproximadamente una cuarta parte será para el pago de abogados y otros costos.
El desarmado ciudadano mexicano de 42 años murió en mayo de 2010 después de una confrontación con las autoridades en el punto de cruce fronterizo San Ysidro, del condado San Diego, que colinda con Tijuana, México.
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Las autoridades aseguraron que se portaba de modo hostil mientras era regresado a México.
La muerte ocasionó un intenso escrutinio en 2012 después de que en un video de un testigo que fue transmitido en PBS parecía mostrar que Hernández recibía disparos mientras estaba sobre el piso rodeado de aproximadamente dos decenas de agentes.
Dieciséis miembros del Congreso escribieron a la entonces secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano para decir que la muerte de Hernández “puede ser emblemática de problemas estructurales más amplios”.
En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que aceptaba la argumentación de las autoridades de que la fuerza que utilizaron fue razonable y necesaria para someter a Hernández cuando fue “desobediente y físicamente agresivo”.
Hernández fue arrestado por la Patrulla Fronteriza con su hermano en las montañas al este de San Diego, presuntamente después de que entraron ilegalmente al país. Posteriormente fue llevado a San Ysidro. (ECHA- Agencias)