Nos ha sorprendido y resulta un escándalo que se entregue los escasos recursos del Estado a empresas o grupos que presuntamente han tenido cierta implicancia en los actos que son materia de investigación por parte del Equipo Especial Lava Jato, afirmó el fiscal José Domingo Pérez, al cuestionar la entrega de préstamos bancarios a través de Reactiva Perú en el marco de la crisis económica por el coronavirus.
Fue al comentar la información revelada por el portal Ojo Público que señala que un grupo de 14 empresas sospechosas en la UIF y vinculados a los Panama Papers y Lava Jato recibieron S/52 millones en préstamos bancarios a través de Reactiva Perú, el plan de rescate financiero creado por el Estado.
“Nos ha sorprendido esta publicación de Ojo Público y debe llamar la atención de las autoridades. Cómo es posible que se destinen los escasos recursos económicos que tiene el Estado financiando actividades de grupos, y en este caso, de estas empresas jurídicas que presuntamente han tenido una cierta implicancia en los actos que son materia de investigación por parte del Equipo Especial”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“[…] Sin embargo, lo que estamos viendo acá es un escándalo. Prácticamente el Estado le está entregando dinero a los investigados por el Equipo Especial de la Fiscalía”, agregó.
Actuación de la Procuraduría
El integrante del Equipo Especial Lava Jato refirió que sorprende que uno de los beneficiados por Reactiva Perú sea el estudio legal que es dirigido por el abogado Horacio Cánepa. Consideró que la Procuraduría debe actuar en este caso.
“[…] En el caso del abogado Horacio Cánepa, creo que es el caso más llamativo, porque este propio investigado es el que ha aceptado someterse a un proceso especial, sin embargo, estamos viendo que no ha habido ningún filtro ni manera de verificar a quiénes se entregan estos dineros y el destino de estos fondos”, precisó.
“Creo que a partir de la dación de esta noticia, la Procuraduría Pública Ad Hoc debe tomar cartas en el asunto, y esperemos que el Poder Judicial atienda un pedido, además de las excarcelaciones, que pueda realizar la Procuraduría para poder asegurar el patrimonio del Estado para el futuro pago de la reparación civil”, indicó.
Posible embargo
El magistrado no descartó que la Procuraduría Ad Hoc pueda solicitar un embargo de estos fondos. Indicó que se necesita cautelar el futuro resarcimiento económico.
-¿Cree que se puede pedir un embargo de estos fondos con cautela hasta que se determinar la responsabilidad de los abogados o estudios?
-No le quiero indicar a la Procuraduría [que se pueda embargar de esos fondos mientras se determinan la responsabilidad de los abogados], pero se ha dicho en los términos correctos, pero entenderán que el Poder Judicial se excusa de que no atiende situaciones que no son de urgencia o de necesidad que tengan que ver con la pandemia.
“[…] Entiendo que en este momento la Procuraduría se va a tener que encargar de cómo va a cautelar el futuro resarcimiento económico. Entendemos, y esto se lo digo en condicional, porque también esta noticia salió [ayer] y esto nos da una cierta preocupación, que alguna medida que pudiera asegurar el pago de la futura reparación civil, atendiendo que tanto la persona natural como la persona jurídica habrán sido incorporadas al proceso penal”, refirió.
Hay que dejar de ser ingenuos
Sostuvo, además, que desde el Estado se debe dejar de ser un poco ingenuos. Refirió que detrás de estas firmas legales hay quienes han participado directamente en actos que son investigados por el Equipo Lava Jato.
“Creo que a nivel del Estado debemos dejar de ser un poco ingenuos contra la corrupción. Finalmente quienes están detrás de estas firmas legales son quienes han participado en los actos que son investigados en el Equipo Especial, es decir por actos graves de corrupción. Se podrá salir a decir a los medios de comunicación que son ciertos abogados los comprometidos con los actos investigados, pero no hay que olvidar que estas firmas respaldaron a través de supuestas asesorías la consecución de estos proyectos manchados por actos de corrupción”, remarcó.
“[…] En el caso del estudio Rebaza Alcázar y De las Casas está procesado el abogado José Zaragoza Amiel y hay que tener en cuenta que este estudio ha tenido una cierta participación en las investigaciones que se realizó respecto a los proyectos Gasoducto Sur y además como abogado del investigado Pedro Pablo Kuczynski, lo digo en ese sentido, porque ese es el objeto de investigación que se está llevando a cabo y en el caso del abogado Horacio Cánepa es bastante conocido que este se ha sometido a un proceso especial en el Equipo Especial”, puntualizó.