MADRID.- La falta de mayorías claras en el Congreso español, que llevó a diez meses de Ejecutivo sin competencias plenas, ha demostrado ya la debilidad del gobernante PP (centroderecha), que se ha visto ya en minoría en varios momentos, con los Presupuestos de Estado como piedra de toque decisiva.
Los comicios de junio pasado, repetición de los que se habían celebrado seis meses antes, depararon un Congreso fragmentado en el que el primer lugar corresponde al PP, con 137 escaños, lejos de la mayoría absoluta, cifrada en 176 diputados en una Cámara con 350 representantes.
Tras diez meses de interinidad, Mariano Rajoy consiguió ser reelegido jefe del Ejecutivo el 29 de octubre, dos días antes de que expirara el plazo tras el cual España se hubiera visto abocada a celebrar las terceras elecciones en un año.
Para ello Rajoy tuvo que ser apoyado por los liberales de Ciudadanos y contar con la sufrida abstención de los socialistas, divididos por ese respaldo que se llevó por delante a su líder, Pedro Sánchez, partidario del “no” al PP.
Sin embargo, ya instalado de nuevo en el poder, Rajoy se ha percatado de que el camino no va a ser tan fácil y su grupo parlamentario ya ha cosechado varias derrotas en los últimos días.
La más destacada ha sido la suspensión de la aplicación de la Ley de Calidad Educativa (LOMCE), uno de los proyectos estrella de la anterior legislatura, en la que el PP tenía mayoría absoluta, y una de las más polémicas, con reformas cuestionadas por profesores, alumnos y padres de estudiantes.
El Congreso paralizó la aplicación de esa ley, con el único rechazo del PP y ahora el Gobierno busca replicar al desafío de la oposición con un arma que le otorga la ley: el derecho de veto contra medidas que pueden suponer un aumento de gasto público o de disminución de ingresos.
Según el Gobierno, la suspensión del calendario de la LOMCE llevaría consigo pérdidas de ayudas ya comprometidas del Fondo Social Europeo por un valor estimado de 615 millones de euros.
El caso amenaza con acabar en manos de la Justicia, porque la oposición no quiere renunciar a su acuerdo, de modo que un conflicto de competencias de ese calado sólo lo puede resolver el Tribunal Constitucional.
El otro revés lo ha sufrido Rajoy en la piel de uno de sus colaboradores más cercanos, el hasta hace dos semanas ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Tras una gestión ya criticada por los grupos a lo largo de la anterior legislatura, Fernández Díaz fue reprobado por todos los grupos del Congreso (salvo el PP) después de que salieran a la luz unas grabaciones en las que se le oía hablar con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la posibilidad de encontrar escándalos con los que atacar a los independentistas de la región.
Rajoy sacrificó a Fernández Díaz en su Gabinete y, esta semana, quiso colocarlo al frente de la prestigiosa Comisión de Exteriores del Congreso, pero fue rechazado por todos los partidos.
El mismo veto lo obtuvo cuando el PP lo quiso llevar a la presidencia de la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y al final se tuvo que conformar con la menos relevante Comisión de Peticiones, que no requiere votación para elegir a su presidente.
Estos reveses hacen presagiar una legislatura difícil para el PP, que ahora tiene por delante el principal reto de este período: la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2017.
Los liberales ponen condiciones duras para dar su apoyo, como que no se aumenten los impuestos, mientras que el Gobierno debe hacer un ajuste de gasto de 5.500 millones de euros, exigido por la Comisión Europea, y lo fía a aumentar los ingresos.
Los socialistas ya han anunciado que no pasarán de nuevo por el doloroso trámite de la abstención para que salgan adelante las cuentas del Estado y el PP abre la vía a negociar con los nacionalistas vascos, más moderados que los catalanes.
Cuando fue investido presidente, Rajoy ya advirtió de que no admitirá dirigir un gobierno “que sea gobernado” por la oposición, un modo velado de amenazar con un nuevo adelanto electoral, que no podrá llegar al menos hasta mayo de 2017.
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