Miles de trabajadores y trabajadoras de la prensa han sido despedidos en los últimos meses, las empresas periodísticas alegan estar atravesando una supuesta crisis a causa de la pandemia por la covid-19, sin embargo, los estudios de carácter internacional demuestran que, más que en cualquier otro momento de la historia, la población se ha volcado al consumo de información en los medios masivos de comunicación para mantenerse informada sobre la pandemia y las medidas de aislamiento social.
Desde la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe enviamos nuestro apoyo y solidaridad a cada compañero y compañera afectado por esta situación, nos mantenemos monitoreando la situación y proponiendo alternativas que garanticen el trabajo digno y la libertad de expresión. Como muestra de esto nuestras organizaciones afiliadas han planteado a los gobiernos de sus países diferentes medidas de protección a los trabajadores.
Hacemos un llamado a los gobiernos a actuar de forma urgente para proteger a los trabajadores y trabajadoras en general y particularmente a los trabajadores de la prensa; los despidos masivos de periodistas y comunicadores que hemos visto en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, no solo afectan el derecho al trabajo y a la vida digna de las familias trabajadoras, sino que, también, se convierten en un grave ataque a la libertad de expresión afectando el derecho de la población a recibir información de calidad en un momento donde el acceso a la misma resulta fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria.
FEPALC: Repudiamos el asesinato de trabajadores de la prensa en Honduras
Desde FEPALC, apoyamos las luchas de nuestros afiliados y llamamos a reforzar las acciones en defensa del trabajo; como miembros de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que representa a más de 600.000 trabajadores de la comunicación en todo el mundo hemos presentado la “Plataforma mundial para el periodismo de calidad” que busca salvar y proteger los puestos de trabajo en la industria de los medios de comunicación y crear un futuro que promueva una economía de la información sostenible y con apoyo público.
Insistimos una vez más en el rol central que deben jugar los Estados para proteger el derecho al trabajo y a la información como un bien público y un servicio social. Denunciamos las acciones de empresas periodísticas, principalmente aquellas que han acumulado grandes ganancias, que pretenden descargar todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras; llamamos a que los gobiernos actúen de forma urgente para frenar esta masacre que deja en la calle a miles de compañeros y compañeras en la región y que, como dijéramos, afecta al derecho a la información, pilar fundamental para el ejercicio democrático.