Con la detención del empresario Antonio Camayo, exjueces y extrabajadores implicados en los “CNM audios”, se desarticuló la red criminal que tomó por asalto el Poder Judicial del Callao, aseguró esta tarde el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.
Explicó que la investigación contra esta organización denominada “Los cuellos blancos del puerto” se inició hace ocho meses, cuando la fiscalía especializada en corrupción y crimen organizado del Callao, a cargo de la fiscal Rocío Sánchez, se tocó con personajes de la administración de justicia en una investigación por tráfico de drogas.
“Ahí surge todo, se interceptan los teléfonos y comienzan las llamadas, pero el resultado de la investigación no se basa exclusivamente en las interceptaciones, es una investigación completa donde hay inteligencia, testimonios, documentos”, afirmó.
Esta mañana fueron detenidos el empresario Antonio Camayo y otras diez personas integrantes de la organización “Los cuellos blancos del puerto”, dedicada a las presuntos delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado.
La red, según la Policía, habría estado liderada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, detenido con anterioridad como parte de las investigaciones.
“Se ha desarticulado una red criminal que tomó por asalto Corte Superior de Justicia del Callao”, afirmó.
Precisó que en estas investigaciones se debe diferenciar a las personas que no tiene beneficios procesales como exjueces, empresarios y extrabajadores judiciales, de aquellos que tienen prerrogativas constitucionales, como el juez supremo César Hinostroza, a quien debe investigar primero el Congreso.
La operación conjunta con la policía, iniciada a las 3:00 horas de hoy, estaba dirigida contra quienes no tienen beneficios procesales y que tienen en curso una investigación, indicó.
Precisó que el fiscal de la nación, Pedro Chávarry, estaba enterado de la operación y les brindó todo su respaldo.
Los 11 detenidos, según dijo, permanecerán los 15 días que comprende la detención preliminar recluidos en una sede policial, y luego la fiscal del caso solicitará la detención preliminar por 36 meses para todos los implicados.
Sostuvo que el Ministerio Público ampliará la competencia de la fiscal Rocío Sánchez para que este caso sea investigado en Lima, pero es necesario primero que el Poder Judicial amplíe también las competencias de la Sala Anticorrupción para que se haga cargo del caso. (Andina)