CASABLANCA/ MARRUECOS.- El caso del periodista Omar Radi, que está siendo juzgado en libertad condicional por injurias a un magistrado a raíz de un comentario en Twitter, ha hecho que aumente la inquietud en la sociedad civil por las restricciones a la libertad de expresión en las redes sociales.
Radi compareció hoy jueves ante el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, a unos 100 kilómetros al sur de Rabat, acompañado por sus abogados, antes de que el juez decidiera aplazar el caso hasta el próximo 5 de marzo para permitir a los letrados preparar su defensa.
Fue acusado de “injurias a un juez” por un comentario que publicó en abril pasado en Twitter en el que criticó las penas en apelación de hasta veinte años de cárcel contra activistas rifeños del Hirak, movimiento de protesta social surgido en 2017 en la región del Rif.
El reportero explicó, en declaraciones a la prensa a las puertas del tribunal, que sus abogados van a insistir en la nulidad de su enjuiciamiento, por el Código Penal y no el Código de Prensa, que fue modificado en 2016 y que no contemplaba penas privativas de libertad.
Tras los hechos, Radi -periodista independiente de 33 años- fue convocado por la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ) y el mismo día fue arrestado y compareció ante el fiscal y posteriormente ante el juez del Tribunal de Primera Instancia de Casablanca.
Después de pasar cinco días en prisión, Radi fue puesto en libertad condicional.
El caso de este periodista ha generado una gran ola de indignación y solidaridad nacional e internacional y las redes se han llenado de fotos y mensajes de apoyo al reportero.
Intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta personalidades cercanas al poder han expresado su indignación por este proceso.
El Sindicato Nacional de Prensa y ONG marroquíes e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch, reclamaron la anulación de la persecución judicial contra el periodista.
Decenas de personas se congregaron hoy a las puertas del tribunal en Casablanca para manifestar su solidaridad con Radi, al tiempo que reclamaron la libertad para todas las personas que fueron juzgadas o encarceladas este año por su activismo en las redes sociales.
El caso de Radi ha desatado la preocupación de la sociedad civil marroquí, que denuncia “un cerco” que se estrecha contra la libertad de expresión en las redes.
El pasado 26 de diciembre, un famoso youtuber Mohamed Sekkaki, conocido por el nombre de “Moul Kaskita”, fue condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de 40.000 dirhams (unos 3.600 euros) por “injurias al pueblo marroquí y a sus instituciones” y por “ofensa al rey” Mohamed VI, tras la publicación de un vídeo crítico en su canal.
Otro activista será procesado el 9 de enero en Jenifra (centro de Marruecos) por “ultraje a la bandera nacional” a raíz de un comentario publicado en Facebook.
Hace un mes, un rapero fue sentenciado a un año de cárcel por un tribunal de la ciudad de Salé, vecina a Rabat, por un vídeo colgado en las redes sociales en el que insultaba a la policía, aunque varias ONG vincularon su condena a su aparición en un clip musical en YouTube en el que criticaba al monarca
El presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Aziz Ghali, aseguró que la ONG tiene registrados diez casos de personas que han sido últimamente perseguidas por publicar comentarios en sus cuentas de Twitter o Facebook.
“Tras haber estrechado el cerco sobre el debate público y mediático, a finales de 2019, las autoridades cerraron el espacio digital, lo que supone acabar con la libertad de expresión”, deploró Ghali, quien reclamó la libertad de las otras personas juzgadas por su activismo en las redes.
EFE