Lo más sensato es que el Estado se siente a conversar con las concesionarias para analizar el tema de los peajes durante el estado de emergencia, sostuvo Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, tras cuestionar el proyecto que aprobó el Congreso para suspender ese cobro en todas las rutas a nivel nacional.
Fue al comentar las declaraciones del presidente Martín Vizcarra quien dijo que ha pedido “a los ministros de Economía y Finanzas, y de Transportes y Comunicaciones que convoquen a los concesionarios que tienen a cargo estos peajes y que levanten el cobro”.
“Creo que el Congreso ha hecho mal en aprobar apresuradamente una norma que quiere que las empresas concesionarias no cobren el peaje. […] El Estado tiene una obligación con las concesionarias en un documento contractual; creo que lo que sí está permitido —y podría hacerse en cualquier momento— es que las partes se sienten a discutir y ver qué facilidades se puede hacer en esta época de emergencia”, dijo en conversación con Ideeleradio.
“Por otro lado, lo que ha dicho el presidente de la República con relación a la aprobación de esta ley es que el Ejecutivo se sentaría a conversar con las empresas concesionarias para ver si es posible o no el exonerar del cobro de los peajes, eso es lo más sensato”, acotó.
Los contratos
Quispe Candia comentó que es importante que, aún en un estado de emergencia, el Parlamento proceda con cuidado en torno a las decisiones que toma y las normas que aprueba.
“Tanto el Congreso como el presidente de la República cuando se trata de peajes del Estado que administra Provías están en toda la facultad de eliminar el cobro de los peajes, pero cuando se trata de la vías concesionadas no es tan sencillo como lo ha hecho notar el Congreso al aprobar la ley”, dijo.
Explicó que las vías que están concesionadas se enmarcan en un contrato, lo cual le da obligaciones al Estado como concedente y la concesionaria.
“Por otro lado, el Estado tendría que reconocer una parte y las empresas poner de su lado. Lo que no se debe hacer es disponer mediante una ley; el Congreso no puede desconocer un contrato”, refirió.
Mencionó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) es la autoridad competente de velar de cumplimiento de los contratos, y que entiende que el Congreso no solicitó su opinión para la emisión de la ley que aprobó esta semana.
Apuntó que hay otras concesiones que están a cargo de la Municipalidad de Lima.
“Hay concesiones que no están a cargo de Ositran, como los peajes que se encuentran dentro de la ciudad de Lima; la encargada de supervisar esta es la Municipalidad de Lima. En ese caso debe ser la Municipalidad la que siente con las empresas concesionarias pongan su cuota de aporte en esta época de crisis, como también lo están haciendo otras entidades privadas, declaró.