La congresista oficialista y vicepresidenta de Perú Mercedes Aráoz afirmó que la Fiscalía de su país es usada como instrumento de venganza política, después de que el fiscal general, Pedro Chávarry, la incluyó en una investigación preliminar junto con el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski.
Aráoz afirmó, en un mensaje en su cuenta en Twitter, que Chávarry abrió la investigación horas después de que el legislador oficialista Juan Sheput propusiera que fuese destituido e inhabilitado durante 10 años para ejercer cualquier cargo público por ser autor “de graves infracciones”.
Sostuvo que el fiscal general inició “una investigación sin sustento y teniendo como ‘evidencia’ un viaje de supervisión de obras que hicimos con varios congresistas”.
“Es claro que la @FiscaliaPeru es usada como instrumento de venganza política”, concluyó.
Chávarry abrió este viernes una investigación contra Kuzcynski y Aráoz, y los congresistas Carlos Bruce, Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.
También amplió investigaciones contra el exministro de Agricultura José Arista, por la presunta comisión de cohecho activo genérico y contra los legisladores Marvin Palma, Clayton Galván, Maritza García, Estelita Bustos, Marita Herrera, Lizbeth Robles y Sonia Echevarría por la presunta comisión de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
La investigación se basa en videos y audios grabados por el congresista Moisés Mamani, del partido fujimorista Fuerza Popular, que presuntamente mostraron los intentos de comprar votos de legisladores opositores para evitar la vacancia (destitución) de Kuczynski en diciembre pasado.
Fuerza Popular anunció en diciembre su intención de destituir a Kuczynski en el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, aunque en la votación decisiva un grupo de legisladores disidentes de ese partido, encabezados por Kenji Fujimori, evitó ese extremo al abstenerse de votar.
Días después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, el padre de Kenji, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, en lo que fue interpretado como un acuerdo político por haber sido salvado de la destitución.
El fujimorismo planteó un segundo intento de vacancia en marzo pasado y fue cuando Mamani mostró las grabaciones con presuntos intentos de comprar los votos de legisladores para que voten contra la destitución, lo que llevó a la renuncia de Kuczynski, quien fue reemplazado por Martín Vizcarra, quien era su vicepresidente.
Los integrantes del gobierno de Kuczyski así como miembros del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK) aseguran que fueron víctimas de una celada tendida por el fujimorismo y exigen que en las investigaciones también se comprenda a Mamani.
El presidente Vizcarra ha cuestionado la permanencia de Chávarry como Fiscal de la Nación (general) ante las investigaciones periodísticas y del propio Ministerio Público que lo vinculan con una red de corrupción en las altas esferas en la Judicatura.
El informe presentado esta semana por Sheput contra Chávarry, quien declara ser víctima de una campaña en su contra, deberá ser debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, de ser aprobado, pasará a la Comisión Permanente del Congreso, que decidirá si llega al pleno para su votación final.
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