Ante la Sala Penal Nacional, la ex ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista, Rosario Fernández, negó este lunes haber tenido participación en la designación de Miguel Facundo Chinguel como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales.
En su testimonio, Rosario Fernández precisó que al asumir el portafolio de Justicia, en diciembre del 2007, su antecesora, María Zavala, prácticamente había dejado listo el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluido Facundo Chinguel, y lo que ella hizo fue respetar esa decisión.
Enfatizó que la mencionada comisión actuaba con plena autonomía e independencia, como establece su reglamento, y nunca se reunió ni interfirió en sus decisiones, con respecto al indulto o conmutación de pena a un reo.
“La comisión actuaba de manera autónoma, nunca he participado ni he estado en la sala de trabajo, ellos generaban su propia agenda y parámetros, jamás me he reunido con ellos”, señaló.
Admitió que durante su gestión se modificó el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Gracias, para que sus decisiones ya no sean con criterios objetivos, sino con criterios de conciencia, lo que daba más discrecionalidad en sus decisiones.
No obstante, ante la insistencia de uno de los magistrados de la sala, la ex ministra no supo explicar las razones de ese cambios, y menos el origen de la iniciativa, a pesar que ella firmó la resolución ministerial que la aprobaba.
Respondió que suponía que la propuesta provino de la propia comisión, que pasó dos filtros, uno legal y otro técnico, antes de llegar a su despacho, para la firma aprobatoria.
La ex ministra durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) anotó que los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales eran considerados cargos de confianza, y que los expedientes que llegaban a su despacho, solo eran revisados para ver si cumplían con las formalidades del caso, antes de enviarlos al entonces mandatario aprista.
En el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), se otorgaron 5.500 gracias presidenciales, entre indultos y conmutaciones de penas para sentenciados, entre ellos 3,207 fueron para condenados por tráfico ilícito de drogas, de los cuales más de 400 casos corresponden a ese delito, en su modalidad agravada. (ECHA- Andina)