La ruta del dinero en el caso “narcoindultos” parece abrirse paso tras conocerse más detalles sobre las personas que iban a bordo de un lujoso vehículo atacado por desconocidos, sostuvo el expresidente de la “megacomisión” que investigó el tema, Sergio Tejada.
Para el legislador, el hecho de que Facundo Chinguel, expresidente de la comisión que otorgó indultos y conmutaciones de pena a sentenciados por narcotráfico en el anterior gobierno aprista, esté relacionado con el Porsche abre nuevas luces.
“Había una pieza que faltaba: la ruta del dinero. Si recibió dinero por los ‘narcoindultos’, ¿dónde estaba? Ahora sabemos que formó una empresa a través de su esposa y compró empresas vinculadas a la familia Oropeza. Quizá allí está el dinero”, comentó Sergio Tejada sobre el caso narcoindultos.
Gerald Oropeza, recordó Tejada, manejaba el lujoso auto Porsche que fue atacado con armas de fuego en un supuesto ajuste de cuentas entre narcotraficantes, según investigaciones periodísticas. Dicha persona es hijo de un militante aprista, que a su vez tuvo vínculos con Chinguel.
Facundo Chinguel fue abogado de la familia de Gerald, tras el asesinato del dirigente aprista Américo Oropeza, su padre. Luego compró acciones de sus empresas.
En este contexto, el legislador Sergio Tejada consideró “muy grave” que Facundo Chinguel aparezca de nuevo relacionado con un caso de presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
“Resulta sumamente preocupante. Cuando fue nombrado por el gobierno aprista como director de Serpost hubo varios escándalos de droga, y cuando se le nombra presidente de comisión de gracias presidenciales hubo escándalo por liberar narcos”, recordó sobre los narcoindultos.
“Y ahora aparece un nuevo nexo, lo que hace parecer que tiene efectivamente bastantes vínculos con el narcotráfico, eso se debe profundizar”, señaló Facundo Chinguel.
En opinión de Tejada, “la suerte parece echada” para Facundo Chinguel, quien cumple prisión preventiva desde junio de 2013 y es acusado de ser coautor de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado y la sociedad.
Sobre Chinguel existe un pedido de 17 años de cárcel efectiva por parte del Ministerio Público, y constituye uno de los hechos más escandalosos durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Andina
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