MANAGUA.- Tras un acuerdo con la opositora Alianza Cívica, el gobierno de Nicaragua excarceló este viernes un segundo grupo de 50 presos políticos que estaban detenidos tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega del año pasado.
En una nota de prensa, el Ministerio de Gobernación anunció que los presos, de los cuales ocho son mujeres, “han recibido el beneficio legal de convivencia familiar, casa por cárcel, u otras medidas cautelares“.
Esta es la segunda excarcelación autorizada por Ortega en las últimas dos semanas. La primera ocurrió el 27 de febrero y en los días siguientes, cuando 112 personas salieron de prisión bajo la misma modalidad, según informes oficiales.
El académico y antiguo embajador de Nicaragua en EEUU, Carlos Tünnermann, quien encabeza la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, confirmó la liberación de otro grupo de 50 presos políticos
A diferencia de la primera excarcelación, esta vez los prisioneros no pudieron ser vistos por los periodistas ni por sus familiares, que desde temprano aguardaban impacientes en las afueras de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, al norte de la capital Managua, sino que salieron en cuatro buses.
Los vehículos llevaban las ventanas cerradas, lo que impidió a familiares y la prensa comprobar quiénes estaban dentro, y salieron en caravana por la carretera norte, una de las principales arterias de la capital, seguidos de vehículos de familiares y periodistas.
La salida generó un caos entre los familiares que esperaban frente al centro penal, quienes gritaban para exigir información sobre sus parientes detenidos. “Allí va mi hijo, estoy feliz”, exclamó llorando Esperanza Moreno, una mujer de la ciudad norteña de Estelí que llegó a la cárcel La Modelo.
Según una lista proporcionada por el Ministerio de Gobernación, entre los excarcelados no figuran los principales líderes estudiantiles ni campesinos que han protestado contra el gobierno, como tampoco los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, presos desde el 21 de diciembre.
Varios contingentes de policías y fuerzas especiales antimotines se desplegaron desde temprano en distintos sectores de la capital.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lamentó que el gobierno haya manejado el hecho “con un secretismo excesivo”. Dijo que la cantidad de personas excarceladas “no es lo que esperábamos”, ya que el gobierno había prometido liberar a “un núcleo apreciable” de detenidos.