PARÍS.- Ministros y representantes de una cuarentena de países, incluidos los de la OCDE, se comprometieron hoy a promover la inserción laboral de los grupos más vulnerables, en particular los jóvenes, para tratar de restañar las cicatrices persistentes de la crisis en el mercado de trabajo.
En la declaración aprobada al término de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los titulares de Trabajo insistieron en que sus países deben “operar una transición hacia una estrategia de crecimiento incluyente”.
Eso significa que todo el mundo reciba la formación y el apoyo necesarios para adquirir las competencias que son necesarias para obtener puestos de trabajo “de calidad y gratificantes” y “evitar así la trampa de los empleos mediocres y de la inactividad”.
El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría (foto), recordó que hay todavía 40 millones de desempleados en los 34 países que la forman, y que eso significa casi 8 millones más que cuando empezó la crisis financiera a finales de 2007.
En conferencia de prensa, Gurría hizo notar que más de un tercio de los parados llevan más de un año sin trabajar, y que en Europa llegan a ser la mitad.
Uno de los grupos más golpeados por el desempleo y por la precarización desde el estallido de la crisis ha sido el de los jóvenes, con 40 millones de personas de entre 15 y 29 años en la OCDE que no tienen trabajo ni siguen en el sistema educativo. De ellos, 27 millones no están siquiera buscando de forma activa su inserción laboral.
Otro colectivo particularmente excluido estos últimos años -y que en parte está compuesto por jóvenes- es el de los que tienen poca o ninguna cualificación.
Los ministros recordaron que hay que tomar “medidas rápidas y selectivas para ayudar a los grupos infrarrepresentados y vulnerables para que accedan a empleos gratificantes y de calidad”, y de ahí dos recomendaciones específicas dirigidas a las personas de edad avanzada y a los que sufren trastornos mentales.
Sobre los primeros, y teniendo en cuenta el envejecimiento demográfico, la prioridad es tratar de mantenerlos en actividad más tiempo para que se les pueda garantizar “un ingreso decente al jubilarse”.
En términos generales, los participantes en el encuentro constataron que las desigualdades de ingresos han alcanzado “un récord histórico” en muchos de sus países y que eso puede poner en riesgo la cohesión social en las capas más bajas porque alimenta las desigualdades de cara a su propia formación y a la de sus hijos.
En esa línea, coincidieron en que los poderes públicos deben tomar medidas para elevar el nivel de vida de las clases bajas, y eso incluye los subsidios de paro y otras prestaciones sociales que garanticen “una protección más eficaz durante la crisis” al tiempo que inciten a sus beneficiarios a buscar trabajo.
En cuanto al salario mínimo, admitieron que “cuando se fija a un nivel adaptado, conforme a las políticas y prácticas nacionales, puede contribuir a aumentar los ingresos sin necesariamente tener un efecto negativo sobre el empleo”.
Los titulares de Trabajo también hicieron mención a la crisis de los refugiados porque consideran que hay que respaldarlos para que puedan desarrollar sus competencias laborales de forma plena para así garantizar su integración en el mercado laboral y en la sociedad de los países de acogida.
La viceprimera ministra de Irlanda y responsable de la Protección Social, Joan Burton, que presidió la reunión, contó cómo en su país, que fue uno de los de la OCDE donde más aumentó el paro con la crisis -hasta más del 15 % hace tres años, reducido al 8.6 % actualmente-, su “sistema del bienestar fue efectivo para limitar el impacto de la pobreza y de la desigualdad”.
Un total de veinte ministros participaron en esta reunión, entre ellos cinco de nueve países que no forman parte de la OCDE pero que también habían sido invitados: Colombia, Perú, Lituania, Marruecos y Kazajistán.
Por parte de España, estuvo presente el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
EFE/Foto: vadenuez.info