Un grupo de organizaciones civiles denunció este lunes que en Perú se ha instalado una dictadura parlamentaria liderada por la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, que controla el Congreso al ocupar 71 de los 130 escaños.
La denuncia fue presentada, en una rueda de prensa, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Foro Salud y el Colegio de Sociólogos del Perú, entre otras organizaciones.
Los organismos anunciaron que promoverán acciones “en defensa de las instituciones democráticas cuestionadas por la mayoría del Congreso”.
El representante de la CNDDHH, Jorge Bracamonte, aseguró que el país enfrenta “la crisis institucional más grave ocurrida desde el retorno a la democracia”.
Agregó que esta crisis “afecta al Poder Ejecutivo, a los poderes constitucionalmente autónomos, como son el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, así como a quienes se manifiestan contrarios a la mayoría del Congreso”.
El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, señaló, por su parte, que “hay una dictadura parlamentaria fujimorista que se moviliza por intereses propios”.
La presidenta de la ANC, Diana Miloslavich, indicó, a su turno, que los parlamentarios fujimoristas están atentando contra la ya debilitada democracia peruana.
Ante esta situación, los organismos presentaron hoy una acusación constitucional contra los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente del Congreso.
Esta medida se tomó por haber admitido dos denuncias constitucionales presentadas contra el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, por las investigaciones del caso Odebrecht.
Los organismos consideraron que esa decisión interviene en una causa judicial pendiente, interfiere en la administración de justicia y contraviene el principio de separación de poderes, así como vulnera la independencia del Poder Judicial.
La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó, solo con votos del partido fujimorista, otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue a Sánchez por supuestos delitos de función.
El fiscal ha sido denunciado por el portavoz legislativo de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, por supuestas “omisiones funcionales” en la investigación a los socios peruanos de la empresa brasileña Odebrecht.
Fujimorista Milagros Tacayama preside Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Sánchez también ha sido acusado por la parlamentaria independiente Yeni Vilcatoma de una presunta “infracción constitucional” por haber designado al fiscal Hamilton Castro a cargo del caso Odebrecht.
Estas acusaciones han sido consideradas por los demás partidos en el Congreso, incluido el gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), como un intento de vulnerar la autonomía de la Judicatura.
Además se les vincula con la decisión del Ministerio Público de investigar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, el estadounidense Mark Vito, en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Los fujimoristas han señalado que la denuncia “no tiene nada que ver” con la investigación contra su líder.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre el 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.
EFE/Foto: andina.com.pe
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