BUENOS AIRES.- El presidente argentino Mauricio Macri firmó el contrato para constituir el fideicomiso ciego que administrarà su patrimonio hasta los seis meses posteriores a su mandato presidencial, para brindar “mayor transparencia” a su situación patrimonial.
La decisión de constituir un fideicomiso que administre su patrimonio había sido anunciada por Macri antes de asumir la presidencia, y ratificada en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, tras la difusión de la investigación internacional sobre sociedades offshore denominada Panamá Papers.
La firma Seguridad Fiduciaria S.A, a cargo de José María Fernández Ferrari, administrará la participación accionaria y privada de Macri en las firmas 4 Leguas S.A, Agro G. S.A., Molino Arrocero Río Guayquiraro S.A, María Amina S.A. y en su participación del fideicomiso Inmobiliario Camino.
El contrato de fideicomiso le otorga al flamante fiduciario la “administración libre y en forma discrecional de tales bienes y cualquier otro” que Macri resuelva “transferir en el futuro”.
El mandatario argentino no podrá “comunicarse directa o indirectamente con el fiduciario o sus empleados, representantes, agentes o personas relacionadas con el mismo” y se abstendrá “de solicitar información relativa al destino de los bienes fideicomitidos y su evolución patrimonial”, según se deja asentado en el contrato.
Además, deberá “depositar en la cuenta fiduciaria, los fondos que fueran requeridos por el fiduciario a través del a Oficina Anticorrupción, para abonar gastos e impuestos según lo previsto en el contrato”.
Fernández Ferrari, por su parte, asume “confidencialidad” y el compromiso de “actuar con la prudencia y diligencia de buen hombre de negocios, adoptando las medidas o ejecutando los actos que considere convenientes o necesarios para la administración, conservación, mantenimiento y protección de los bienes fideicomitidos y el reguardo de los derechos de los beneficiarios”.
También se compromete a no mantener comunicación con Macri y su entorno, y si deseara requerir información deberá hacerlo ante la Oficina Anticorrupción, mientras que tampoco podrá invertir los bienes fideicomitidos en empresas proveedoras del Estado Nacional o en sus dependencias u organismos, o en aquellas que presten servicios públicos.
Solamente podrá vender o transferir los activos que impliquen un conflicto de intereses aunque ese tipo de acciones también deberán ser consultadas con la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso.
No obstante, el presidente argentino se reserva además el derecho de “remover” a su administrador “sin expresión de causa” y solamente mediante “una notificación por escrito”, aunque, si así lo hiciera, deberá dejarlo asentado ante el organismo gubernamental de control. (ECHA-Agencias)