LIMA.- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que las autoridades de Perú vienen criminalizando a los defensores de derechos humanos, después que una corte judicial anuló una sentencia absolutoria e inició un nuevo proceso contra tres defensores ambientales peruanos implicados en una protesta en 2012.
La organización demandó a las autoridades de Perú a dejar de utilizar el sistema de justicia para “hostigar a defensores de derechos humanos”, en relación a una última decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular una sentencia e iniciar un nuevo juicio contra los defensores ambientales Oscar Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamaní.
Los procesados participaron en las protestas de mayo de 2012 en la provincia de Espinar, en la región de Cusco, contra la mina Tintaya, de la suiza Xstrata, a la que acusaban de contaminar sus ríos y le pedían incrementar el aporte económico a la localidad.
Durante dicha manifestación, murieron dos personas y decenas resultaron heridas, a raíz del enfrentamiento con la Policía y el gobierno declaró el estado de emergencia durante 30 días.
Mollohuanca era el alcalde de Espinar en ese momento, mientras que Huamán y Huamaní eran dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses (Fudie), quienes tuvieron una sentencia absolutoria en primera instancia.
Sin embargo, la Corte Superior de Ica ordenó iniciar nuevamente el juicio contra Mollohuanca, Huamán y Huamaní por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios.
“Las acusaciones de la Fiscalía se basaron únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos por ello organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado”, señala Amnistía Internacional.
Esta acusación se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos, según expone AI, por lo que el 17 de julio de 2017 los acusados fueron absueltos, pero la fiscalía apeló la decisión.
Para Amnistía Internacional esta última decisión constituye “un duro golpe contra quienes defienden derechos humanos en Perú y es una muestra más de cómo las autoridades continúan aplicando la ley penal para hostigar y acallar a defensores ambientales“.
“En lugar de criminalizarlos, las autoridades peruanas deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlos”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Tintaya es una operación minera cuprífera, a cielo abierto, situada a 4.100 metros sobre el nivel del mar, en Espinar, compuesta por una concentradora de cobre y una planta de extracción por solventes y electro obtención.
Tres décadas de minería en la zona ha generado contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades, aseguró AI.
EFE/Foto: muki.org