Piura: indignación por fallo que liberó a agresor de mujer

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La Defensoría del Pueblo y la ministra de la mujer rechazaron la decisión de la jueza Ubaldina Rojas Salazar que declaró infundada la detención preventiva en contra de Luis Ángel Piscoya Pérez, hombre que agredió brutalmente a su pareja, Misui Chávez, en los exteriores de un hotel en Piura.

“Las imágenes difundidas por los medios de comunicación constituyen pruebas contundentes de que los golpes y la agresión sufrida por la señora Misui Chávez constituyen un caso de tentativa de feminicidio”, manifiesta la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=aGuVIBFZjxg

Como se recuerda, el último 1 de agosto ocurrió la agresión aproximadamente a la medianoche en la puerta principal de un hotel de Piura; este acto fue grabado por las cámaras de seguridad. Al presenciarlo por las pantallas el encargado del hotel llamó a la policía, sin embargo, cuando llegaron los agentes ya no estaban ni el agresor ni la víctima.

A los pocos días dieron con Luis Ángel Piscoya Pérez y le dictaminaron detención preventiva, sin embargo, Misui Chávez huyó de su hogar, donde era protegida por la policía y agentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que iniciaron el último 7 de agosto una operación de búsqueda de la agredida.

Pese a las imágenes que muestran la crueldad de la agresión y las diferentes declaraciones de los allegados a la víctima, la jueza Ubaldina Rojas Salazar declaró que el acusado será imputado por generarle lesiones leves a Misui Chávez, como indica el informe del médico forense, y ya no por intento de feminicidio.

Ante tal decisión, diferentes autoridades públicas han puesto de manifiesto su discrepancia e indignación, como la Defensoría del Pueblo, que en su pronunciamiento manifiesta que “no se puede dictar una medida de comparecencia, más aun cuando el agresor se encuentra no habido y la víctima desaparecida, y existe, incluso, el riesgo de que se encuentre con él y siga siendo agredida”.

Y recuerda que “el Poder Judicial, al igual que todo el Estado, tiene la obligación de investigar y sancionar, de ser el caso, a las y los funcionarios que incumplan con su deber de garantizar la oportuna protección de las mujeres víctimas de violencia”.

La Defensoría del Pueblo termina su pronunciamiento anunciando que intervendrá en el proceso, entre otras acciones, a fin de colaborar con el Poder Judicial.

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Por su lado, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Marcela Huaita Alegre, expresó su malestar ante esta decisión insólita.

“Manifiesto públicamente mi indignación por el fallo dictado por la Jueza Ubaldina Rojas Salazar,  quien desestimó el pedido de prisión preventiva para el sujeto que agredió a su pareja  en un hostal, en Piura”, dijo la ministra Marcela Huaita.

Los abogados del MIMP ya habían presentado, el pasado 11 de agosto, un pedido de inhibición en contra de la jueza Ubaldina Rojas Salazar que, de ser resuelta, sería separada del caso para proceder con la asignación de un nuevo juez.

Foto: MIMP