La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe de evaluación del Decreto de Urgencia N° 017-2019, que establece medidas para la implementación del Aseguramiento Universal de Salud. 18 congresistas apoyaron el documento, uno manifestó estar en contra y uno se abstuvo.
La sesión fue dirigida por el presidente Pedro Olaechea Álvarez Calderón, en el hemiciclo del Parlamento Nacional.
El coordinador del grupo de trabajo encargado de evaluar la norma, congresista Héctor Becerril Rodríguez, al sustentar el informe, informó que hay un déficit de más de 17 mil médicos en todo el país, lo que significa que no se ha hecho nada para la cobertura de salud no obstante el malestar del pueblo peruano, que se encuentra desprotegido en el ámbito asistencial.
También señaló que hay un déficit de 24 mil técnicos y 14 mil trabajadores administrativos en todos los nosocomios nacionales. Dijo que se prevé que en el 2025 habrá un déficit de 49 mil técnicos y administrativos.
Dijo que se requiere mayores recursos para el financiamiento de los regímenes y operaciones del Aseguramiento Universal en Salud.
Estimó que se debe proponer al futuro Parlamento retomar el debate de los aspectos no contemplados en el decreto de urgencia y aquellos que profundicen y mejoren la operación de los componentes de la cadena de servicio asistencial.
También se debe recomendar al Poder Ejecutivo garantizar los recursos presupuestales y la supervisión, suscribir los convenios de intercambio prestacional al amparo del Decreto Legislativo 1302, articular la demanda profesional y técnicos especialistas necesarios y la oferta de estos recursos humanos que egresan de las instituciones formadoras de dichos recursos.
Justiniano Apaza aclaró que su sector no está en contra de reactivar el sistema de salud en el país, pero dijo que le da la impresión de ser demagógico y populista. Consideró que se tienen que adoptar medidas presupuestales para hacer viable el Aseguramiento Universal de Salud, que beneficiará a más de 4 millones de peruanos en forma gratuita.
Rosa María Bartra calificó de inconstitucional el decreto de urgencia por no ajustar a los preceptos señalados por la Constitución. “Cómo se puede implementar el aseguramiento universal en medio de un sector salud totalmente colapsado”, puntualizó.