Uchuraccay: Federación Europea de Periodistas llama a nunca olvidar sacrificio de mártires

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En memoria de los periodistas asesinados en Uchuraccay, la Federación Europea de Periodistas (FEP) se suma a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) para exigir que el caso, todavía impune, encuentre justicia.

La masacre de Uchuraccay representa un caso emblemático de impunidad. Desde Europa, seguimos confiando en que se convierta en un caso emblemático de justicia.

No podemos aceptar la impunidad ante la responsabilidad política de la matanza. No podemos entender la protección de los culpables por parte de las Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Hace poco más de tres meses, asesinaron con un coche bomba a Daphne Caruana Galizia, una de las periodistas de los Panamá Papers, en Malta, país de la Unión europea. Y todavía no sabemos nada sobre los que ordenaron ese acto de barbarie.

Junto con ANP y la FEPALC, la FEP denuncia la impunidad rampante de los ataques contra los periodistas. Las Naciones Unidas recordaron hace poco que entre 2006 y 2016, 930 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados, y que en nueve de cada diez casos los responsables nunca son llevados ante un juez.

La FEP pide justicia, en memoria de todos los periodistas que han sido asesinados. La FEP pide justicia en memoria de Daphne Caruana Galizia. Y en memoria de las víctimas de Uchuraccay. Nunca les olvidaremos.

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Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO se solidariza con la ANP

La Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO participó del 23 al 26 de enero en los actos organizados por Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) en la región de Ayacucho (Huamanga) para recordar la masacre de Uchuraccay, que le costó la vida a ocho periodistas, un guía y un comunero, que fueron asesinados hace 35 años, con el objetivo de exigir que se sepa la verdad y se termine con la impunidad de los responsables de estos crímenes.

Los actos, que se celebran desde hace veintiún años, culminaron el viernes 26 de enero con una recepción oficial en Tambo y la peregrinación al santuario de la Paz y la Reconciliación de Uchuraccay, en la que 6 periodistas y dos activistas proderechos humanos caminaron durante ocho horas y media recorriendo una distancia de 70 kilómetros a más de 4.000 metros de altitud, emulando la ruta que siguieron en 1983 los periodistas asesinados.

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“Fueron asesinados por ir a buscar información que se quería mantener oculta y esa es la mejor lección que legaron a los periodistas de todas las generaciones”, señaló Zuliana Lainez, secretaria general de la ANP, presidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y Caribe (FEPALC) y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). “El periodismo es investigación y es tener dignidad, y con esta ruta no solo les recordamos a ellos sino que también reforzamos nuestro compromiso de luchar por la verdad para informar al pueblo”, añadió.

Asímismo, Roger Franco fue el encargado de leer ante las autoridades locales y familiares de las víctimas sendas cartas remitidas por los secretarios generales de la FIP y la EFJ en las que se remarcó que “es un deber luchar todos los días para garantizar que no se olvide a las víctimas, que se haga justicia y que los delincuentes sean arrestados, juzgados y encarcelados”. “Hoy exigimos que esta masacre no sea archivada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque una gran nación es una gran democracia cuando garantiza que se haga justicia y cuando promueve la verdad a través del trabajo de los periodistas cuya misión es informar con libertad”, añade el mensaje de solidaridad de las federaciones Europea e Internacional de Periodistas.

En 1983 una comisión especial presidida por el escritor Mario Vargas Llosa asumió en sus conclusiones la versión oficial proporcionada por los militares y determinó que los asesinatos fueron cometidos por comuneros (campesinos) de la zona. La versión fue refrendada años después por una investigación judicial que condenó a la cárcel a tres comuneros.

Pero las familias de las víctimas y la ANP siguen reclamando que se lleve a cabo una investigación independiente y piden el reconocimiento por parte del gobierno peruano a la labor y la dignidad de los asesinados y el apoyo a las viudas y huérfanos que dejaron. Tras más de tres décadas aún quedan por explicar muchas circunstancias de la tragedia, como la responsabilidad y el grado de implicación de las Fuerzas Armadas.

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