CARACAS.- El Gobierno de Venezuela oficializó hoy la declaración del Estado de Excepción y Emergencia Económica por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
“Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (…) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”, señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida hoy.
Maduro anunció el pasado viernes su decisión de decretar un estado de excepción que le diera “el poder suficiente” para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Esta norma da atribuciones “extraordinarias” a las autoridades para garantizar “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) la correcta distribución” de productos de primera necesidad.
También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o “aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país” sin someterse “a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.
Se reitera la suspensión temporal de sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior.
La norma permite, además, “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este”.
Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país “y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización”.
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la “consideración” de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promociona “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.
Este decreto deberá ser sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al Tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.