El asesor presidencial en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, anunció que el proyecto para impulsar la construcción de penales privados se lanzaría en enero del próximo año, con la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario, INPE.
“No hay un número de cuánto penales se puedan privatizar. En los próximos 160 días el INPE debe hacer el cronograma y diagnóstico de sus necesidades, y sobre esa base se convocará a las empresas que tengan interés”, agregó.
Explicó que existen 67 penales, con una sobrepoblación de 127 %, y se espera, mediante este proyecto, reducir el hacinamiento y que el INPE cuente en un corto plazo con nueva infraestructura para mejorar las condiciones carcelarias.
Dijo que en penales como Cañete, Callao, Lurigancho y Huaral existe una población penal que excede en 200 % su capacidad.
Sin embargo, aclaró que no significará una privatización total pues cada centro penal seguirá siendo administrado por el INPE, que decidirá qué internos son recluidos; administrará el sistema disciplinario y la seguridad, y determinará las reglas de tratamiento.
El costo de la inversión que realizará el sector privado será devuelto por el Estado en un periodo de 10 a 20 años, y además se les entregará una reparación por cada interno que administren.
La participación del sector privado en la construcción de los penales se basa en un proyecto que es parte de la facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso. (ECHA- Andina)