GUATEMALA.- El colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y cuya visa fue revocada este martes, pidió hoy a todos los sectores unirse si de verdad quieren luchar contra la corrupción e impunidad y añadió que los medios y la ciudadanía son una garantía de esa lucha.
“Una prensa y sociedad vigilantes y activas son la garantía de que la erradicación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) sea una realidad y no se permita una reaparición”, dijo el abogado durante la presentación del décimo informe del ente, creado por la ONU a petición del Gobierno de Guatemala en el año 2007.
En su discurso, Iván Velásquez (foto), dijo que la ciudadanía es la “democracia viva, la democracia en acción” y que, por ende, sus demandas y propuestas, ejerciendo auditoría social y participando en la administración pública, contribuyen a la lucha anticorrupción, un fin en el que cuentan con el apoyo de la CICIG para que “puedan vivir en dignidad”.
Velásquez, cuya visa fue revocada por la Cancillería, recordó, como lo había hecho en años anteriores, que el Estado tiene “una deuda pendiente con la Justicia”, que debe saldar “con urgencia si es que de verdad se quiere luchar en serio contra la impunidad”, por lo que pidió la acción conjunta de todos los poderes públicos y de la ciudadanía.
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Es importante, continuó, reflexionar sobre la justicia en el país porque estas estructuras clandestinas “atentan gravemente contra los derechos humanos”, debilitando el Estado de Derecho al impedirle cumplir con su deber de “garantizar” a los ciudadanos la protección de su vida, la integridad física y el acceso a la Justicia.
En un repaso por estos 10 años, el comisionado hizo especialmente énfasis en el acuerdo que da vida a la CICIG, donde se reconoce su capacidad de impulsar y apoyar políticas públicas en favor de la Justicia -fuertemente criticadas por el presidente-, y señaló que hubo “malos entendidos” a la hora de comprender este cometido.
“La transformación normativa y la adopción de política públicas poco contribuirán a erradicar las redes político económicas ilícitas que se han apoderado del Estado (…) sino se cumplen otras acciones fundamentales”, resumió el comisionado, que recordó que la impunidad sigue en más de 90%.
En el año 2008, este baremo estaba en el 96.40% y en el 2016 en el 90.87, lo que supone una reducción promedio anual del 0.7%, aunque esta cifra sigue dejando en evidencia esa “deuda pendiente con la Justicia”.
“Si no hay una efectiva capacidad del Estado (…) difícilmente podría establecerse una cultura de legalidad que transforme las relaciones de los ciudadanos entre sí y también de estos con el Estado”, proclamó Velásquez, que reiteró su apoyo a todos los guatemaltecos para que “puedan vivir en dignidad”.
En agosto el presidente Jimmy Morales intentó expulsar del país a Velásquez por considerar que se extralimitaba en sus funciones, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló esta decisión por considerarla inconstitucional.
A raíz de ello, el Gobierno de Morales y la Organización de Naciones Unidas iniciaron la revisión del acuerdo que creó la Cicig el 2006 con el fin de que cumpla ese mandato.
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