¿Financiación para quién? La Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo debe abordar las dimensiones sociales

NUEVA YORK –  La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FpD4) reunirá a los líderes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional sobre cómo financiar un futuro mejor para todos. Sin embargo, en la práctica, los primeros borradores del acuerdo revelan una omisión flagrante: las personas.

A pesar de retórica sobre inclusión, los borradores para la Conferencia, que se realizará en la ciudad española de Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio, son sorprendentemente débiles en cuestiones sociales, como si las políticas financieras y macroeconómicas existieran en el vacío, desvinculadas de las vidas que impactan.

Esto no es un descuido, sino la continuación de un error de décadas en la formulación de políticas económicas, donde se han priorizado siempre los principios macroeconómicos abstractos sobre el bienestar humano, causando sufrimiento a miles de millones de personas. «¿Debemos dejar morir de hambre a nuestros hijos para pagar nuestras deudas?», preguntó Julius Nyerere, expresidente de Tanzania, en la década de 1980.

Hoy, 3300 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud y educación, y 6700 millones sufren recortes de austeridad. Durante demasiado tiempo, las políticas económicas neoliberales han relegado a las personas a un segundo plano.

Mientras que se han canalizado billones de dólares a acreedores y corporaciones, la estabilidad macroeconómica y el servicio de la deuda se ha logrado a expensas de los pobres y de las menguantes clases media y trabajadora.

En los últimos años, miles de millones de vidas se vieron trastornadas por los recortes presupuestarios: reducción de pensiones y beneficios de la seguridad social (o protección social); salarios más bajos; menor acceso a la salud y la educación; recortes en programas para mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Se desmantelaron las regulaciones laborales y corporativas en nombre del crecimiento, se deterioró el empleo, se aumentaron los impuestos al consumo, lo que incrementó los precios y redujo aún más los ingresos de los hogares. No es de extrañar que el descontento social y la inestabilidad política estén aumentando.

El acuerdo de la FfD4 corre el riesgo de perpetuar este terrible legado.

Si bien los borradores mencionan temas sociales, generalmente no los incorporan en las recomendaciones de cada una de las secciones principales: finanzas públicas nacionales; finanzas privadas; cooperación para el desarrollo; comercio; deuda; arquitectura financiera internacional y cuestiones sistémicas; ciencia, tecnología, datos y monitoreo.

Cabe destacar que los principales beneficiarios de la sección de finanzas privadas son los inversores y las empresas extranjeras.

No más excluir a las personas. El FpD4 debe poner a las personas en el centro de su agenda para evitar repetir los errores del pasado y volverse irrelevante. Los gobiernos y las instituciones internacionales deben reconocer que las decisiones macroeconómicas y financieras tienen profundos impactos sociales y actuar en consecuencia. El acuerdo final debe incluir compromisos para:

1. Gasto en finanzas públicas nacionales: Priorizar protección social universal o la seguridad social, la educación y salud de calidad, el agua y otros derechos económicos y sociales básicos. La financiación adecuada de estas prioridades debe integrarse en los planes nacionales de desarrollo y sus presupuestos, con garantías contra retrocesos durante las crisis, de acuerdo con los derechos humanos y las normas internacionales laborales. Los recortes de austeridad no son una opción. El seguro social, parte integral de la seguridad social, cuenta con su propio mecanismo de financiación: las cotizaciones de empleadores y trabajadores (hasta ahora ignoradas por los borradores del FpD4), que deben establecerse en niveles adecuados, especialmente aumentando las cotizaciones de las corporaciones para que la seguridad social sea sostenible, junto con la formalización de los trabajadores de la economía informal para garantizar empleos decentes con seguridad social y ampliar la cobertura.
2. Ingresos en finanzas publicas nacionales: Una tributación más progresiva con una cooperación fiscal internacional eficaz. La recaudación de ingresos es esencial para para financiar las prioridades sociales, pero no debe depender de la tributación a las personas de menor ingreso (como los impuestos al consumo), sino a quienes tienen los recursos, como los impuestos sobre la riqueza, las ganancias extraordinarias y la renta de las empresas. Eliminar las lagunas legales impositivas, terminando con los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos, así como adoptar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional  para frenar la evasión fiscal corporativa. Se deben implementar presupuestos con perspectiva de género para garantizar que tanto los ingresos como los gastos lleguen a las mujeres, la mitad de la población mundial.
3. Financiación privada: Aislar la infraestructura y los servicios sociales de la financiación privada. La privatización y las asociaciones público-privadas (APP) de servicios públicos han fracasado repetidamente, resultando en mayores costos, menor acceso y servicios de peor calidad. La inversión pública, no la privatización, es la clave para sistemas sociales equitativos y resilientes. Exigir diligencia en materia de derechos humanos a los inversores privados (normas vinculantes, no voluntariado), con rendición de cuentas y sanciones para los actores privados que socaven las normas laborales y ambientales.
4. Comercio: Permitir a los países del Sur proteger las industrias locales y la soberanía alimentaria, y someter los acuerdos comerciales a evaluaciones de impacto social (EIS) para evaluar sus efectos en el empleo, la desigualdad, género y el acceso a bienes y servicios. Abandonar el sistema arbitraje de diferencias estado-inversor que ignora el interés público. Las políticas comerciales deben maximizar los beneficios sociales y mitigar los impactos adversos.
5. Deuda: Establecer un mecanismo de renegociación de la deuda de la ONU justo y transparente para reducir eficazmente las deudas soberanas ilícitas e incorporar los derechos humanos en las Evaluaciones de Sostenibilidad y Reestructuración de la Deuda, garantizando que el servicio de la deuda no resulte en recortes del gasto social.
6. Tecnología: Gravar a las grandes tecnológicas y abordar los impactos sociales negativos de la Inteligencia Artificial (IA), como la pérdida de empleos y la concentración de la riqueza. Se deben implementar medidas adecuadas de protección social para las personas afectadas por la pérdida de empleo, y las ganancias generadas por la IA deben gravarse para redistribuir los beneficios a la sociedad.
7. Arquitectura financiera internacional: Reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Banco Multilaterales de Desarrollo (BMD) para transferir el poder de voto a los países del Sur y poner fin a su apoyo a las políticas de austeridad: Tanto el FMI como los BMD deben dejar de promover reformas regresivas y medidas de austeridad que perjudican a las personas. Los programas de ajuste, así como el seguimiento y asesoría de políticas, suelen recortar o racionalizar las prestaciones necesarias para mujeres, niños, personas con discapacidad, jubilados y desempleados, dejando solo beneficios mínimos para los más pobres. Estas medidas violan los derechos humanos, incluidas las normas laborales, aprobadas por todos los países: el FMI y los BMD deben alinearse con ellas. Además, se debe permitir una distribución más justa y periódica de los Derechos Especiales de Giro del FMI, sin condicionalidades, para financiar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
8. Datos, monitoreo y seguimiento: Fortalecer los sistemas de datos para evaluar los impactos sociales y los efectos distributivos de las políticas de financiamiento. Esto incluye datos desglosados, al menos, por género y grupo de ingresos. Si el análisis revela que la mayoría de las personas no son los principales beneficiarios o que los derechos humanos son deteriorados, es necesario revisar las políticas para garantizar un desarrollo equitativo.

El acuerdo de la cumbre FpD4 es una oportunidad para corregir los errores del pasado. Los gobiernos deben reconocer que la financiación para el desarrollo no se trata solo de equilibrar presupuestos o estabilizar economías, sino fundamentamente, de mejorar las vidas de los ciudadanos.

Si el documento final no prioriza las cuestiones sociales, no solo traicionará la promesa del proceso de financiación al desarrollo, sino que también perpetuará las desigualdades sistémicas actuales.

Sakiko Fukuda-Parr es profesora de Asuntos Internacionales en The New School de Nueva York. Antes fue directora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia. Antes fue directora de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como oficial de las Naciones Unidas y del Banco Asiático de Desarrollo.

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