La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por Juan Burgos, aprobó el informe final sobre el Caso Cofre, relacionado con el presunto uso indebido de un vehículo presidencial por la presidenta Dina Boluarte.
El informe concluye que hay indicios suficientes para solicitar al Pleno del Congreso que se le otorguen facultades de comisión investigadora. Además, recomienda evaluar una posible declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, conforme a la Constitución Política del Perú.
Esta propuesta surge por las dificultades encontradas durante la investigación, que limitaron el acceso a información clave. Por ello, también se plantea modificar el Reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización tenga facultades investigadoras de forma permanente, sin necesidad de autorización caso por caso. Esto para agilizar y fortalecer el control parlamentario sobre la gestión pública.
Asimismo, el informe sugiere enviar una copia a la Fiscalía de la Nación para que evalúe iniciar investigaciones preliminares contra la mandataria y otros posibles involucrados por presuntos delitos como peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de funciones y encubrimiento personal.
Durante el debate, hubo posturas divididas. El congresista Isaac Mita (PL) calificó el informe como una «persecución política» sin pruebas sólidas, indicando que «intenta justificar sanciones políticas sin que exista una responsabilidad objetiva ni dolo comprobado».
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En contraste, el presidente de la comisión, Juan Burgos, defendió el trabajo y enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos de control, señalando que «no se trata de una persecución política. Se trata de garantizar que nadie, ni siquiera la presidenta de la república, esté por encima del control constitucional».
El congresista Carlos Zeballos (BDP) valoró el esfuerzo de la comisión a pesar de no contar con facultades investigadoras, destacando el informe como un aporte valioso para el Ministerio Público y el derecho ciudadano a conocer la verdad. Señaló que «este informe puede ser un insumo útil para que se determine si hubo encubrimiento o uso indebido de bienes públicos en beneficio de personas investigadas por la justicia”.
Por otro lado, el congresista Segundo Montalvo (PL) manifestó su desacuerdo con el informe, considerándolo carente de objetividad y solidez jurídica.
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