BRASILIA (Brasil).- Por primera vez, el Estado brasileño formalizó hoy un acto de reparación moral y financiera por el brutal asesinato del periodista Vladimir Herzog, un crimen emblemático de la dictadura militar (1964-1985).
En una ceremonia cargada de simbolismo celebrada en Sao Paulo, el Gobierno oficializó un acuerdo para indemnizar a la familia del informador, ultimado en 1975 en una sede de represión del régimen castrense.
Realizado en el instituto que lleva su nombre, el acto marca un gesto sin precedentes: el Estado reconoce su responsabilidad por un crimen de lesa humanidad y lo hace con voz propia, fuera del lenguaje frío de los tribunales.
El pacto, firmado por la Abogacía General de la Unión, contempla el pago de casi tres millones de reales (aproximadamente 550 mil dólares) y el mantenimiento de una pensión mensual previamente concedida a los familiares por daños morales.
Pero más allá del valor monetario, la jornada representó un suceso político y ético, en palabras del abogado general Jorge Messias, quien ofreció disculpas públicas a los parientes del comunicador y reafirmó el compromiso del Estado con la democracia y la verdad histórica.
Herzog, entonces director de periodismo de TV Cultura, fue citado a declarar en octubre de 1975 en el paulista Departamento de Operaciones de Informaciones del Ejército.
Lo que siguió fue una ejecución encubierta. El régimen militar alegó un suicidio que luego se probó falso. Durante décadas, el caso se convirtió en una herida abierta en la historia reciente del país y un símbolo de la represión institucionalizada.
El giro en la narrativa oficial se consolidó en el 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por no haber investigado ni juzgado a los responsables de la tortura y muerte de Herzog, reconociendo el hecho como crimen de lesa humanidad.
La sentencia también obligó al país a reabrir el proceso penal, ignorando la Ley de Amnistía de 1979, que protegió tanto a represores como a perseguidos políticos, y cuya validez fue confirmada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal.
El caso de Herzog, a diferencia de otras denuncias archivadas en virtud de esa ley, ha logrado sortear el muro jurídico del olvido, en parte gracias a la movilización constante de su familia, el trabajo del instituto y la presión internacional.
Tal acto de reparación no borra el crimen, pero reescribe el relato. Reconoce el daño, nombra a la víctima y acusa la omisión histórica.
El gesto cobra una relevancia que va más allá de la familia Herzog, pues es una señal a Brasil de que no hay futuro sin memoria.
Fuente Prensa Latina / foto X