NACIONES UNIDAS – Los Estados miembros de las Naciones Unidas reiteraron su compromiso con la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad, en un momento en que las potencias mundiales no están cumpliendo con estas obligaciones.
En el vigésimo aniversario del establecimiento de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), la ONU celebró una sesión plenaria de su Asamblea General, el miércoles 25, para debatir el compromiso histórico de esa doctrina y sus principios, aprobados por unanimidad en junio de 2005 durante una cumbre mundial.
Durante la reunión plenaria en la sede de la ONU en Nueva York, muchos oradores elogiaron la labor de la política en materia de capacidad de prevención, pero también criticaron en gran medida la incoherencia y la hipocresía de los Estados que no han cumplido las directrices de la doctrina.
La representante de Eslovenia criticó el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en cuestiones relacionadas con el genocidio y las violaciones de los derechos humanos, argumentando que el veto ralentiza la respuesta rápida que se necesita en estos casos, cuando la dignidad de las personas se ve amenazada.
Además, sugirió que los miembros permanentes no deberían tener derecho de veto en los casos en que se aplique la R2P.
Esta declaración, aunque no de forma explícita, critica a Estados Unidos y a Rusia, los dos Estados miembros permanentes que han ejercido su derecho de veto en el último año: los Estados Unidos, en relación con la crisis en Medio Oriente y específicamente en Palestina, y Rusia, en relación con Sudán y Sudán del Sur.
Esta crítica no es nueva; la coalición de Estados pequeños y medianos en el grupo de Rendición de cuentas, coherencia y transparencia (ACT, en inglés) propuso un «Código de Conducta sobre la actuación del Consejo de Seguridad frente al genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra».
La página web de la R2P, «exhorta a todos los miembros del Consejo de Seguridad (tanto permanentes como rotatorios) a no votar en contra de ningún proyecto de resolución creíble destinado a prevenir o detener las atrocidades masivas». Desde 2022, ese Código de Conducta lo han firmado 121 Estados miembros y dos observadores.
Al replantear la protección de los civiles frente a las atrocidades masivas como un deber y una responsabilidad de los gobiernos, la R2P se creó tras las respuestas inadecuadas al genocidio en Ruanda y de la antigua Yugoslavia.
La iniciativa ha tenido éxito en la mediación en regiones como Gambia y Kenia, como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, en su informe titulado «Responsabilidad de proteger: 20 años de compromiso con la acción colectiva basada en principios».
Pero, añadió, la R2P no ha logrado impulsar a la ONU a actuar en lugares como Siria o Myanmar, donde el bloqueo del veto impidió la ayuda o el cambio de política.
Otro obstáculo para la eficacia de la R2P, como señalaron Eslovenia y Australia, es lo que el representante de este último país denominó «impunidad general y falta de rendición de cuentas» por parte de muchos Estados.
La R2P debió ser un impedimento para las sanciones y el rechazo de las sentencias de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como hizo el gobierno de Donald Trump con cuatro jueces de la CPI después de que este tribunal abriera investigaciones sobre las acciones militares de Estados Unidos e Israel.
Ninguno de los dos países reconoce la autoridad de la CPI, por lo que de hecho no están sujetos a sus sentencias.
En una declaración de la Casa Blanca, Trump afirmó: «Estados Unidos impondrá consecuencias tangibles y significativas a los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, así como la suspensión de la entrada en Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos, ya que su entrada en nuestro país sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos».
Múltiples representantes de países de la ONU reafirmaron su respeto por las decisiones judiciales imparciales y los tribunales y cortes internacionales en la reunión de la Asamblea General, a pesar de la oposición verbal y económica de algunos de los Estados miembros más influyentes.
La inconsistencia más flagrante entre el principio y la aplicación de la R2P radica en el conflicto de Gaza.
El representante de Indonesia destacó el genocidio contra Palestina como «la prueba más urgente para la R2P» e instó a los Estados miembros a revivir la santidad del derecho internacional y restaurar la confianza en la capacidad de la ONU para hacer cumplir su política.
A medida que la confianza en la ONU ha decaído, muchos sienten una presión creciente para volver a legitimar la institución a través de sus acciones, en particular en lo que respecta a los crímenes contra la humanidad.
El representante permanente de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, en su calidad de copresidente del Grupo de Amigos sobre la Responsabilidad de Proteger, subrayó durante la sesión plenaria la urgencia de asumir la responsabilidad colectiva de proteger a las poblaciones contra las atrocidades.
«Se trata de un compromiso histórico de todos los Estados miembros de la ONU para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad», señaló Hilale, en nombre de este grupo formado por 54 Estados miembros y la Unión Europea en el debate de la Asamblea General de la ONU sobre la responsabilidad de proteger.
Como señaló otro representante permanente durante el debate, «la historia nos juzgará a todos», por lo hecho, o no hecho, en cuanto a los principios de la Responsabilidad de Proteger.
T: MF / ED: EG