El extitular de Economía, Alfredo Thorne, cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno para aprobar el incremento salarial de Dina Boluarte, enfatizando que, más allá de la justificación de la medida, esta debió adherirse a un proceso más riguroso y responsable.
Thorne explicó a El Comercio que la aprobación de este monto debería basarse en un estudio que determine el salario presidencial, ya que este no solo afecta la remuneración de la mandataria, sino que también incide en toda la estructura salarial del sector público.
Además, Thorne señaló que la decisión no parece haber considerado adecuadamente el impacto fiscal que podría generar. Indicó también que se cometió un error fundamental durante la implementación del aumento.
Según Thorne, el Gabinete incurrió en un error al incrementar el sueldo de la presidenta sin que la oficina de la Presidencia de la República contara con los fondos necesarios para cubrirlo. Esto implicaría la necesidad de recortar otros gastos o solicitar una ampliación presupuestaria al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En caso de que el MEF no dispusiera de los fondos para autorizar el incremento, Thorne añadió que se debería haber solicitado estos recursos al Congreso. Propuso que el procedimiento adecuado habría sido conformar una comisión para evaluar los salarios de la presidenta y otros funcionarios públicos, y que el resultado de este análisis se incorporara en el proyecto de presupuesto general del año siguiente.
Para el exministro, si el proceso se hubiera ejecutado correctamente, la nueva escala salarial debería haber entrado en vigencia a partir del 2026.
Consejo de Ministros: aprueban incrementar sueldo de Boluarte a 35.568 soles mensuales
Por su parte, el también exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, expresó su preocupación por la forma en que se aprobó el aumento salarial.
Castilla afirmó a Canal N que esta decisión probablemente no provino del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que fue tomada por otra instancia, posiblemente la propia presidenta o el primer ministro, ya que no concibe que el área técnica haya decidido este incremento por iniciativa propia.
El extitular del MEF consideró que la opinión consensuada de los especialistas que han abordado el tema habría sido corregir esta distorsión salarial, pero sin aplicarla al gobierno en curso.
Mientras tanto, la asociación civil Transparencia calificó el aumento salarial de la presidenta como un «acto de frivolidad».
Mediante un pronunciamiento, Transparencia agregó que la decisión de una autoridad política «completamente deslegitimada y prácticamente de salida» de aumentar su propio sueldo demuestra una «profunda desconexión con la ciudadanía», que, por el contrario, padece las consecuencias de una gestión pública deficiente.
Exigen explicaciones
El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros solicitando información detallada sobre los fundamentos que justifican el aumento salarial.
En el documento, Pariona exige la entrega urgente de «todos los antecedentes administrativos e informes técnicos» que sustentaron el incremento del sueldo presidencial a S/ 35.568. El congresista advierte que este aumento representa «una afrenta directa a la situación de pobreza, desempleo e informalidad que enfrentan millones de peruanos».
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Pariona también criticó el momento de la medida, señalando que «resulta inaceptable e insensible que, en medio de una crisis económica prolongada, donde el Estado ha mostrado limitaciones para atender necesidades básicas de salud, educación y alimentación, se adopten decisiones que alejan aún más al gobierno de la realidad que atraviesa el pueblo peruano».
Por su parte, el legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, consideró que «en un país donde no solo se vive con inseguridad ciudadana, sino también con inseguridad alimentaria que afecta a más del 50 % de la población, aumentar el sueldo presidencial es un acto de absoluta indolencia».
Asimismo, la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, tildó la decisión de «descaro» y afirmó que la presidenta vive desconectada de la realidad.
Luque exigió que la medida sea revertida de inmediato, argumentando que «los recursos deben ir a lo que realmente importa: salud, educación y bienestar de los ciudadanos».
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