Una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones ante el Congreso presentó la Fiscalía de la Nación por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el exmandatario “habría liderado la presunta organización criminal, compuesta por los congresistas y ministros denunciados, con el fin de negociar votos congresales a fin de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC); Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y Producción”.
También en la Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú (PNP), además de la Empresa Nacional de Puertos.
La denuncia constitucional incluye asimismo a 24 congresistas de diversos grupos legislativos.
A trece se les sindica de presunta organización criminal, tráfico de Influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio. Estos son: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, así como Carlos Zeballos.
Sobre once legisladores pesan las imputaciones de organización criminal y tráfico de influencias. Se trata de Karol Paredes, German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza. Al legislador Carlos Alva se le sindica únicamente de organización criminal.
La denuncia involucra de la misma manera a los exministros Juan Francisco Silva (Transportes y Comunicaciones), Jorge Luis Prado (Producción) y Betssy Chávez (Trabajo), por presunta como colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Foto Andina