Las irregularidades en la prisión preventiva dictada contra expresidente Martín Vizcarra

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El juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien ya fue internado en el penal Barbadillo. Erwin Siccha y Alejandro Salas, abogados del exmandatario, no solo criticaron el análisis del magistrado, sino que aseguran que la resolución ya estaba redactada y destacaron el vínculo marital del juez con la fiscal Luz Taquire, de Lavado de Activos. ¿Qué dice la ley?

 

 

El abogado penalista Rolando Bazán resaltó que la reciente decisión judicial muestra deficiencias en la aplicación de los principios de proporcionalidad y excepcionalidad requeridos por la normativa procesal penal peruana. En su análisis, señaló que no se explican con suficiente claridad las razones por las cuales no se optó por medidas menos restrictivas, como la comparecencia con restricciones o el impedimento de salida del país, frente al riesgo procesal atribuido a Vizcarra.

Bazán aclaró que la Ley 32130 no establece una prohibición para volver a aplicar la comparecencia con restricciones o el impedimento de salida, siempre que estas sean dictadas por un periodo definido y cuenten con una motivación adecuada.

 

 

El arraigo

En cuanto al arraigo familiar y laboral, aspectos desestimados por el juez en este caso, el abogado destacó que el análisis no debe limitarse a la ubicación geográfica de los familiares, sino centrarse en la comprobación de vínculos concretos como convivencia, responsabilidades económicas, visitas regulares, decisiones relacionadas con salud o educación, y pruebas de contacto frecuente.

Por el lado del arraigo laboral, opinó que aunque el empleo estable bajo planilla representa el ejemplo más sólido, los trabajadores independientes también pueden demostrar arraigo mediante documentos como un RUC activo, recibos periódicos y bancarizados, pagos tributarios, cartas de clientes y órdenes de servicio. Según explicó, una evaluación detallada y personalizada de todos estos elementos podría ser suficiente para mitigar el riesgo de fuga del procesado.

 

 

Cuestionamientos al juez

En relación con las acusaciones planteadas por la defensa técnica de Vizcarra acerca de la supuesta existencia previa de una resolución redactada y el vínculo matrimonial del juez con la fiscal Luz Taquire, integrante del equipo de Lavado de Activos, Bazán subrayó que toda imputación de parcialidad o violación al debido proceso debe fundamentarse en pruebas verificables y con rigor jurídico.

La recusación de un juez solo es válida cuando se cumplen las causales legalmente previstas, como el interés directo del magistrado o su cónyuge en el proceso, participación previa o enemistad manifiesta. El hecho de que el juez esté casado con una fiscal no constituye un motivo suficiente para su separación, a menos que la fiscal haya tenido una intervención directa en el caso o mantenga un interés específico en su resultado, aclaró.

 

 

Texto: WSV
Foto: Agencia Andina
Videos: Twitter Canal N / Twitter La República / Twitter El Dardo

 

 

 

 

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